Madrid, ¿paraíso fiscal?

María Jesús Montero, nueva ministra de Hacienda, ha ejercicio durante cinco años de consejera del ramo en Andalucía bajo la dirección de Susana Díaz. Las cuentas públicas de esta autonomía, una de las más importantes demográfica y económicamente de España, caían bajo su control y responsabilidad, de modo que alguna experiencia se le puede presuponer en tales responsabilidades. Ahora bien, la experiencia constituye una condición necesaria para ser una buena ministra de Hacienda, pero no suficiente: adicionalmente, la cartera del Fisco requiere exhibir un escrupuloso respeto hacia la propiedad privada de los contribuyentes. No en vano, si se otorga a una autoridad política un poder tan gigantesco como el de sustraer, en las cantidades en que ésta arbitrariamente determine, los bienes de los ciudadanos, tal autoridad política debería, como poco, mostrar una cierta voluntad de sobriedad y autolimitación en sus funciones. Por desgracia, la composición del nuevo Gobierno socialista no invita al optimismo en este campo. No por una vicepresidenta, Carmen Calvo, que acuñó ese eslogan tan terrible de que «el dinero público no es de nadie» –y que, por tanto, nada grave acaece en caso de ser rapiñado–, sino por la figura de la propia ministra de Hacienda, quien fue la «autora intelectual» de esa tan reveladora frase de Susana Díaz en la que acusaba a la Comunidad de Madrid de ser un «paraíso fiscal».

Y es que, ciertamente, Madrid posee en algunos aspectos una fiscalidad más favorable que la del resto de regiones españolas (bonificación al 100% del Impuesto sobre Patrimonio, exención del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 6% o tipo marginal máximo del IRPF en el 43,5%) pero tal conjunto de figuras tributarias dista enormemente de lo que cabría considerar un paraíso fiscal. ¿O es que acaso la carga impositiva que padecen los madrileños es cercana a cero? Evidentemente no, como bien sabe cualquier madrileño: que la carga sea algo inferior a la del resto de España no convierte automáticamente a Madrid en un paraíso fiscal. Ahora bien, que María Jesús Montero –por la boca de Susana Díaz– haya empleado una expresión tan gruesa para describir el clima impositivo madrileño pone de manifiesto cuál es su visión sobre el nivel adecuado de fiscalidad para una sociedad: uno muchísimo más alto que el actual. En Andalucía, de hecho ya hizo sus pinitos con un tipo marginal máximo del IRPF que llegó a ser del 56%, con un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% o con un Impuesto sobre Sucesiones que arruinó a miles de familias y que sólo fue enmendado debido a la presión política ejercida por Ciudadanos y a la presión social de muchísimos andaluces. Con todo, la escasa autonomía fiscal de los gobiernos regionales no la dejaban ir mucho más allá. Ahora, con el BOE en la mano, comprobaremos cuánto respeta María Jesús Montero la propiedad privada de los españoles: pero, desde luego, su antecedente de calificar a Madrid como paraíso fiscal no permite augurar nada demasiado positivo.