Precampaña electoral a costa de las pensiones

A nadie se le escapa que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene como propósito fundamental pavimentar propagandísticamente el camino del PSOE hacia las próximas elecciones generales. El Consejo de Ministros tiene más de rutilante cartel electoral que de detallado programa político: no sólo porque la aritmética parlamentaria vuelve enormemente complicado aprobar cualquier medida de calado, sino porque al propio Sánchez no le interesa destapar sus peores cartas antes de los siguientes comicios.

A este respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos ha proporcionado una reveladora ilustración de por qué no cabe esperar más que humo electoralista por parte de Sánchez durante los próximos meses. Montero ha reclamado un gran pacto de Estado para reformar las pensiones públicas en la línea avanzada por el presidente del Gobierno y por la ministra de Trabajo durante los meses anteriores: derogar la reforma de 2013 promovida por el Ejecutivo de Rajoy.

El coste fiscal medio que acarrearía semejante propuesta a largo plazo ascendería a 3,1 puntos del PIB por año, lo que equivale a hablar de cerca de 35.000 millones de euros por año. ¿Cómo financiar tal volumen de desembolsos? Como es obvio, únicamente a través de nuevas y fortísimas subidas tributarias. Sin embargo, Montero también ha adelantado que no piensa «por ahora» incrementar la carga fiscal que pesa sobre los ciudadanos españoles: es decir, que antes de las próximas elecciones no quieren darles un disgusto a sus potenciales votantes. ¿Entonces? ¿De qué modo podrán hacer frente a tan cara promesa política? Pues sólo existen dos opciones. La primera es que aumenten el endeudamiento público hasta las próximas elecciones. Dado que la prima de riesgo no supone ahora mismo un problema, el Ejecutivo cuenta con margen para hipotecar, a tasas asequibles, el futuro de los españoles.

En caso de seguir esta estrategia, Sánchez aparentemente conseguiría la cuadratura del círculo: repartir más dinero entre los españoles vía gasto sin sustraérselo vía impuestos. Un mecanismo fantástico para comprar votos sin perder ninguno. Acaso los únicos que puedan oponerse a semejante treta sean los burócratas de Bruselas, esto es, aquellos a los que Sánchez les ha prometido respetar la estabilidad presupuestaria de nuestras cuentas públicas. En tal caso, sólo cabría una segunda opción: que Sánchez anunciara ahora su intención de abolir la reforma de las pensiones del PP pero que no llegara a aplicarla antes de las próximas generales. Sólo después de que éstas tuvieran lugar y de que el PSOE cosechara los frutos de su continuada campaña electoral desde La Moncloa, se plantearía el líder socialista reformar la Seguridad Social a costa de saquear fiscalmente a los ciudadanos.

A la postre, no olvidemos que el líder socialista ha defendido reiteradamente el modelo de pensiones francés, basado en un impuestazo extraordinario (Contribución Social Generalizada) del 9,2% sobre todos los salarios y del 6,6% sobre casi todas las pensiones. Claro que, «por ahora» –para emplear la expresión monteril–, no serán tan torpes como para comunicarnos sus auténticas intenciones. La precampaña electoral a costa de los pensionistas no ha hecho más que empezar.