Gastar y rapiñar

El nuevo Gobierno socialista va preparando poco a poco el terreno para una nueva y laminadora subida de impuestos. Este pasado martes, el Pacto de Toledo aprobó finiquitar parcialmente la reforma de las pensiones de 2013 y volver a revalorizar estas rentas de acuerdo con la evolución anual del IPC. A nadie debería sorprenderle demasiado que si se entierra una reforma concebida para volver sostenible el sistema de Seguridad Social, éste deje de serlo acto seguido. Pero, al parecer, al Ejecutivo de Pedro Sánchez sí le ha llamado la atención el que, después de haber aprobado multiplicar los gastos de las pensiones públicas durante los próximos años, éstas hayan devenido repentinamente insostenibles. De ahí que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya salido este miércoles a la palestra a alertar sobre la situación de «emergencia social» que vive nuestro país debido a los agujeros financieros estructurales de nuestro Estado de Bienestar. A su juicio, el sector público debe esforzarse por buscar ingresos complementarios que permitan viabilizar a largo plazo las pensiones y el resto de servicios proporcionados por el Estado. Nótese, pues, la treta: aumentamos los gastos primero e inmediatamente después reclamamos mayores tributos de urgencia para cubrir el sobrecoste de la factura; acaso debiéramos haber probado inicialmente por no disparar los gastos y, de ese modo, ahorrarnos derramas extraordinarias.

Claro que a buen seguro habrá españoles que no vean con malos ojos la amenaza confiscadora de Valerio: al cabo, muchos ciudadanos creen que el Ejecutivo socialista será capaz de redoblar los desembolsos del Estado de Bienestar castigando con mayores cargas impositivas únicamente a los más ricos. Pero convendría que nadie se autoengañara al respecto: la magnitud del agujero de la Seguridad Social es demasiado grande (si se aboliera toda la reforma de 2013, nos costaría más de 3 puntos del PIB por año) como para que puedan sufragarlo tan sólo los más ricos. De hecho, Pedro Sánchez se ha declarado en numerosas ocasiones partidario del modelo de financiación francés: a saber, de la llamada Contribución Social Generalizada (CSG). La CSG es un engendro fiscal que ejemplifica como pocos la incontrolable rapiña del Estado: se instauró como tributo extraordinario en 1991 en forma de un gravamen del 1% sobre todos los salarios. Al principio parecía un módico precio a pagar a cambio de un objetivo tan esencial como era el de garantizar la subsistencia de la Seguridad Social. Pero con el paso de los años el precio ha resultado no ser tan módico: en la actualidad, todos los trabajadores han de entregar el 9,2% de sus salarios (de manera adicional al pago de las cotizaciones sociales) en concepto de CSG; y, asimismo, la inmensa mayoría de pensionistas también ha de abonar el 6,6% de sus pensiones a modo de pago por este tributo. No, quien termina pagando los platos rotos del sobregasto estatal no son los ricos, sino el conjunto de la sociedad. Así que cuando Magdalena Valerio hable de buscar «ingresos complementarios» para la Seguridad Social, echémonos todos a temblar.