La ruina de una coalición de izquierdas

La debilidad política del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez es evidente: con apenas 84 de 350 diputados, el Gobierno lo tiene muy difícil para gobernar. Ciertamente, no está claro que el PSOE aspire realmente a gobernar antes de los próximos comicios generales: al contrario, la composición de su Gabinete parece más bien destinada a ahondar en una incesante campaña de propaganda pre-electoral que a desplegar con eficacia un determinado programa político. Ahora bien, si Sánchez aspirara a gobernar (ya sea en esta legislatura o en la siguiente) necesitaría apoyarse en los votos de Unidos Podemos y componer lo que podríamos denominar una «coalición de izquierdas».

Mas semejante acuerdo parlamentario no le saldría gratis a Sánchez. Desde Podemos ya han adelantado que si el PSOE quiere contar con ellos para la gobernabilidad de España, los socialistas deberán aceptar un listado de 20 condiciones, entre las que sobresalen aquellas con un oneroso contenido económico: derogar la reforma de las pensiones de 2013; incrementar las pensiones no contributivas; aprobar fuertes impuestos sobre la banca; derogar la reforma laboral; forzar una reducción general de las jornadas laborales; incrementar el salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales; reformar la ley de arrendamientos urbanos para establecer controles de precios sobre los alquileres; crear una banca pública a través de la Sareb y de las cajas nacionalizadas; establecer unas cuantiosas rentas mínimas de inserción; eliminar los copagos sanitarios y farmacéuticos; aumentar el gasto en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, ciencia, I+D y cooperación internacional; y mejorar el bono energético.

Como vemos, se trata de un exhaustivo programa económico que, en esencia, podemos reducir a dos grandes medidas: por un lado, reglamentar mucho más las relaciones económicas y, por otro, disparar el gasto público en prácticamente todas las partidas presupuestarias. A saber, Podemos propone asfixiar regulatoriamente los mercados de los principales factores productivos de nuestra sociedad (trabajo, energía e inmuebles); y, a su vez, promueve, aun cuando sea veladamente, un salvaje aumento de la carga tributaria que recae sobre los españoles (puesto que sus exigencias de mayor gasto son del todo infinanciables sin una intensísima alza fiscal).

No hace falta ser un lince para intuir que un marco regulatorio mucho más restrictivo combinado con una red impositiva mucho más parasitaria sólo puede conducirnos a una economía más depauperada. Pero, para Podemos, la expansión del sector público y de sus tentáculos clientelares bien vale un empobrecimiento generalizado de la sociedad. La cuestión, claro, es si el PSOE va a estar dispuesto a consentirlo con tal de encaramarse al poder: ruina a cambio de sillones.

Y es que, por improbable que resulte que a pocos trimestres de las elecciones municipales y autonomías –y también de las generales–, el PSOE se lance a aplicar un programa económico suicida, no cabe descartar de plano que ese programa económico no termine aplicándose en un futuro no muy lejano si «las izquierdas» consiguen una mayoría parlamentaria suficiente. La virtud de este desnudo programático de Podemos es que no busca engañar a nadie: ya nos están avisando acerca de cuáles serán las líneas maestras de una hipotética coalición de izquierdas, a saber, menos libertad de mercado y más impuestos. Es decir, menos prosperidad. Que no nos digan que nadie nos avisó: lo hicieron ellos mismos.

La deuda pública llega al 98,8%

La deuda pública se mantiene estabilizada en torno al 100% del PIB desde el año 2014: a cierre del primer trimestre de 2018 ascendía a 1,16 billones de euros, equivalente al 98,8% del PIB. Acaso algunos consideren que este mantenimiento del monto de los pasivos estatales constituye una buena noticia, que al menos hemos sido capaces de cerrar la herida por la que nos desangrábamos endeudándonos cada vez más y más. Y, en parte, es así: el ritmo de aumento de nuestras emisiones de deuda entre 2009 y 2013 era absolutamente insostenible y nos habría arrastrado a la quiebra. Ahora bien, que nuestros pasivos se hayan estancado en un nivel tan elevado sigue siendo altamente preocupante, dado que nos coloca en una posición de extrema fragilidad ante un contexto de tipos de interés crecientes que, según el BCE, empezará a materializarse en poco más de un año.

5.300 euros por familia de despilfarro

Según un reciente informe de la Asociación de Geógrafos Españoles, España despilfarró (no necesariamente debido a prácticas corruptas) 81.000 millones de euros entre el año 1995 y el 2016, suma que podría elevarse hasta los 97.000 millones si se computaran las obligaciones ya asumidas con respecto a determinadas inversiones futuras. Hablamos de una cifra cercana a los 5.300 euros por familia y que ilustra la brutal ineficiencia de la administración pública a la hora de planificar la economía. Esta cifra debería ser grabada a fuego en la mente de aquellos que, ante la menor desaceleración económica, proponen impulsar ambiciosos planes de obra pública: lo que reclaman es mucho más despilfarro a costa de los contribuyentes.

Trump se lanza a la guerra arancelaria

Donald Trump ha terminado consumando sus amenazas contra China: esta semana, impuso aranceles del 25% sobre importaciones del país asiático valoradas en 50.000 millones de dólares. Las autoridades chinas han anunciado que responderán acrecentando sus aranceles sobre las importaciones estadounidenses: la guerra comercial ha empezado y los más perjudicados serán los granjeros estadounidenses (un caladero de votos republicanos). Muchos de los aranceles de Trump afectan a la importación de maquinaria agraria desde China (los costes de los agricultores estadounidenses subirán), mientras que muchos de los aranceles que impondrá China serán sobre las importaciones de productos agrarios (las ventas de los agricultores de EE UU caerán). No será extraño que Trump proponga ayudas para el campo con la excusa de que está atravesando una crisis.