La irresponsable eliminación del copago

El gasto farmacéutico financiado por las Administraciones Públicas españolas superó en 2017 los 10.000 millones de euros, destinados a adquirir más de 900 millones de recetas. ¿Cómo moderar ese importante volumen de desembolsos públicos que, en última instancia, recae sobre los hombros de los contribuyentes? Sólo hay dos formas: o rebajando el precio de los medicamentos o minorando la demanda de medicamentos. El Gobierno de Rajoy trató de proseguir este último camino cuando estableció en el año 2012 un copago para los medicamentos de los pensionistas que todavía perdura hoy: cuando un pensionista acude a la farmacia a comprar algún fármaco, debe asumir una pequeñísima porción de su coste. ¿El propósito? Frenar la excesiva –y superflua– demanda de medicamentos. Cuando el precio de un producto es cero, su demanda puede tener hasta el infinito, de ahí que convenga adosarle un pequeño precio en concepto de copago moderador o disuasorio. Ciertamente, no puede decirse que las sumas exigidas por este concepto sean disparatas o inasumibles para los implicados: aquellos pensionistas que ingresan menos de 18.000 euros anuales, apenas deben pagar un máximo de 8 euros mensuales en copagos; los que ingresan entre 18.000 y 100.000 euros mensuales, 18 euros mensuales; y quienes cobran más de 100.000 euros, un máximo de 60 euros mensuales. La evolución del gasto sanitario desde la aprobación del copago sirve para vindicar parte de sus objetivos: si, entre 2004 y 2011, el gasto farmacéutico creció desde 9.500 millones de euros (para 728 millones de recetas) hasta 11.100 millones de euros (973 millones de recetas), en 2017 había descendido hasta los 10.100 millones de euros (908 millones de recetas). De hecho, en 2013, primer año íntegro con el copago en funcionamiento, el gasto farmacéutico se ubicó en 9.200 millones de euros (860 millones de recetas): a saber, casi 2.000 millones menos que el año previo a su implantación.

Ahora, el nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha prometido eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas, es decir, ha prometido suprimir un instrumento que contribuía a limitar el gasto superfluo en medicamentos. ¿Con qué propósito? ¿Con el de aliviar la crítica situación económica de los pensionistas? Parece dudoso, dados los exiguos importes de los copagos. Más bien, parece que estamos ante un gesto de cara a la galería: impostar preocupación por el bienestar de los pensionistas para así poder arañar algunos de sus votos y, sobre todo, los de aquellos votantes de izquierdas que por razones irracionales se oponen a esta medida. Se trata, empero, de una frontal irresponsabilidad: mayor gasto farmacéutico innecesario implicará menor margen para destinar tales recursos a otras áreas (sanidad, educación, pensiones, etc.) o, preferiblemente, para bajar impuestos. No por casualidad, casi todos los países europeos –y, desde luego, los célebres estados de bienestar nórdicos– cuentan con copagos sobre sus medicamentos. En lugar de avanzar hacia la socialdemocracia moderna, Sánchez se muestra más obsesionado con ganar las próximas elecciones cueste lo que cueste. El poder antes que los principios y que cualquier posible interés general de los españoles.