No gastemos más: mejoremos la productividad del Estado

A menor sector público, mejor sector público. Cuantos menos sean los asuntos de los que se ocupa el Estado, más serán los asuntos de los que se ocupe la sociedad civil, la cual cuenta con mayor capacidad para organizarse flexiblemente y buscar las fórmulas más eficientes para solucionar sus problemas. Sin embargo, no todos los sectores públicos con un mismo tamaño son igual de malos: del mismo modo que sucede con el mundo empresarial, algunas administraciones públicas son más productivas que otras.

La productividad de una administración pública es clave para la prosperidad de un país, dado que una mayor productividad permite prestar una misma cantidad de servicios a un menor coste tributario (o, alternativamente, permite incrementar la cantidad de servicios prestados por el Estado sin necesidad de aumentar la carga fiscal de los ciudadanos). En la medida en que el consumo público –es decir, el peso de la actividad directa del Estado sobre la economía– alcanza cerca del 20% del PIB, una mejoría de su productividad repercutiría en un incremento de nuestra renta per cápita: hacer más con menos y liberar recursos para satisfacer otro tipo de necesidades.

Pero, ¿cuán productivas son las administraciones públicas españolas? Aunque se trata de una variable algo esquiva de medir, existen tres formas de aproximarla: la primera es la llamada productividad aparente del sector público (cuánto valor añadido genera cada empleado público); la segunda es el Índice de Eficacia que elabora el Banco Mundial (que mide elementos cómo la calidad de la burocracia, de la educación o del transporte público); y la tercera es el Indicador de Desempeño Global del Sector Público, confeccionado por el Foro Económico Mundial (que pretende mensurar cuestiones como el exceso de regulaciones, la transparencia de las administraciones, la eficacia del sistema judicial, etc.).

¿Cómo puntúa España en cada uno de estos tres indicadores? Esta semana, BBVA Research ha publicado una nota donde nos ofrece un resumen de la situación española con respecto a estos tres parámetros y, por desgracia, el balance es poco positivo. Primero, la productividad aparente del sector público español es de las más bajas de la Eurozona: el empleado público nacional apenas genera un valor añadido de 28 euros por hora trabajada, frente a los 41 de Dinamarca, los 38 de Italia, los 36 de Francia o los 30 de Alemania. Segundo, en el Índice de Eficacia del Banco Mundial ocupamos la posición trigésimo sexta de entre 209 países: no en vano, apenas conseguimos una puntuación de 1,1 sobre un máximo de 2,5. Y tercero, en el Indicador de Desempeño Global del Sector Público ocupamos la posición octogésima entre 137 países, especialmente como consecuencia de la sobrerregulación y de la escasa eficiencia del gasto público.

En otras palabras, nuestro país cuenta con un amplio margen para mejorar la productividad de sus administraciones públicas. No está de más recordarlo ante un Ejecutivo socialista obsesionado con incrementar su tamaño aun sin antes haber optimizado su funcionamiento: ¿qué tal si, en lugar de seguir cebando el tamaño del Estado a costa de los contribuyentes, tratamos de mejorar su funcionamiento? En tal caso, incluso los socialdemócratas podrían alcanzar su objetivo –estados más grandes y sociedades civiles más pequeñas– sin necesidad de machacarnos a todos con mayores impuestos.