Más rigidez salarial es más paro

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez pretende derogar la reforma laboral del año 2012. Pero como la aritmética parlamentaria probablemente no sea suficiente como para validar una supresión total de la ley, su estrategia pasa por ir desmontándola piedra a piedra. Así las cosas, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha anunciado sus planes de volver a subordinar los convenios de empresa a los convenios sectoriales. Recordemos que ésta fue una de las grandes innovaciones de la reforma del PP, conseguir que aquellos pactos alcanzados entre los representantes de los trabajadores y los del empresario dentro de una misma compañía prevalecieran sobre los acuerdos ratificados por los sindicatos y la patronal en el conjunto de las empresas que integran un determinado sector de la economía. A la postre, obligar a todas las firmas a someterse a un mismo conjunto de condiciones laborales carece de toda lógica económica. Es evidente que no se halla en la misma situación aquella compañía que está viendo cómo sus ingresos crecen aceleradamente que aquella otra que ha embarrancado en una crisis interna. Por tanto, resulta del todo improcedente obligar a la segunda empresa a que, por ejemplo, incremente sus salarios tanto como la primera. Al contrario, autorizar que cada compañía adapte sus condiciones laborales a la situación exacta en la que se encuentra permite su supervivencia y, por el contrario, forzar a toda empresa a que aplique condiciones laborales del todo desligadas de su coyuntura concreta aumenta el riesgo de su quiebra artificial e innecesaria, con el consiguiente repunte en el número de desempleados.

Precisamente, un ensayo del Banco de España publicado en 2011 (Collective Bargaining, Firm Heterogeneity and Unemployment, escrito por Juan F. Jimeno y Carlos Thomas) pone de relieve que, dentro de economías como las europeas, un modelo de relaciones laborales donde la negociación colectiva intraempresarial goce de prioridad sobre la negociación colectiva sectorial permite reducir la tasa de paro en cinco puntos porcentuales, lo que en España se traduciría en 1,1 millones menos de parados con carácter estructural. Al respecto, basta con acudir a nuestra reciente experiencia económica para comprobarlo. No en vano, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales a partir de 2012 ha sido uno de los puntales de nuestra recuperación. De acuerdo con la Fundación BBVA Research, la flexibilidad salarial posibilitada esencialmente por la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial permitió a partir de 2012 evitar la destrucción de 900.000 empleos adicionales. Asimismo, según este informe, si Zapatero hubiese aprobado en 2008 una flexibilización de las condiciones laborales similar a la de Rajoy, la economía española habría destruido dos millones menos de puestos de trabajo. En definitiva, derogar –aunque sea parcialmente– la reforma laboral del año 2012 es un absoluto despropósito. Nunca olvidemos que ese marco legislativo fue el que propició la destrucción de más de 2,5 millones de empleos entre 2007 y 2011. Y ése es el calamitoso marco legislativo al que ahora pretende regresar el PSOE de Pedro Sánchez.