Más deuda para los sobregastos de Sánchez

El tiempo de Pedro Sánchez al frente de La Moncloa no es ilimitado. La XII legislatura terminará, como tarde, a mediados de 2020, esto es, en menos de dos años. Y si Pedro Sánchez honra su palabra –no agotar la legislatura– todavía antes. Los plazos son verdaderamente críticos para un presidente que, no lo olvidemos, apenas cosechó 5,4 millones de votos, materializados en 84 diputados, en las últimas elecciones generales. Si el socialista aspira a continuar al frente del Consejo de Ministros durante la XIII legislatura, le resulta apremiante comenzar a amarrar nuevos apoyos electorales. ¿Y cuál es la principal herramienta con la que cuenta un político para atraer a nuevos votantes? El gasto público: a más gasto, más redes clientelares entre los receptores de ese gasto.

Es decir, a más gasto público, mayores recursos políticos para comprar votos. De ahí que el Ejecutivo socialista se haya lanzado a prometer diversas subidas de los desembolsos públicos que, a buen seguro, aun se verán mucho más acrecentadas en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que pretende presentarse a las Cortes a lo largo de los próximos meses. Ese documento, y la más que previsible fuerte expansión del gasto público que contendrá, será la carta de presentación, así como el reclamo, de Sánchez ante los próximos comicios. Pero semejante incremento de gasto hay que pagarlo y no hay más que dos formas de hacerlo: o con más impuestos o con más deuda. Hasta la fecha, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se había encargado de dejar bien patente que el Gobierno va a subir tantos impuestos como le sea posible. Pero esta semana, la ministra de Economía, Nadia Calviño, también ha manifestado que Sánchez financiará su expansión del gasto con más deuda. Y es que, de acuerdo con Calviño, las administraciones públicas españolas incumplirán los compromisos de déficit con Bruselas tanto de 2018 como de 2019: para este ejercicio, no alcanzaremos el 2,2% del PIB, sino que nos quedaremos en el 2,7%: a su vez, en 2019 no bajaremos hasta el 1,3% del PIB, sino hasta el 1,8%.

En ambos casos, pues, se trata de un endeudamiento extra de 6.000 millones de euros por año, lo que sumado a la recaudación esperada por los incrementos tributarios prometidos por el Ejecutivo socialista nos trasladan a un sobregasto de entre 20.000 y 25.000 millones de euros en estos dos años. Ésa es la suma de dinero que Sánchez pretende destinar a comprar el voto de los españoles. Un despropósito no sólo por el hecho de utilizar nuestro dinero en su privativo interés, sino también por el delicado contexto financiero en el que se halla España. Con un volumen de deuda pública que roza el 100% del PIB y a las puertas de una subida general de los tipos de interés en la Eurozona, nuestro país debería estar esforzándose en reducir tal montaña de pasivos, no en acrecentarla. Pero, al final, parece que las ambiciones presidenciales de Sánchez son más importantes que el futuro y la credibilidad de nuestra economía.