Ni contributivo, ni solidario

La Seguridad Social es un sistema de previsión social, es decir, un seguro para hacer frente a las contingencias futuras previstas (jubilación) o imprevistas (accidentes o desempleo). Es verdad que se trata de un seguro coactivo –no se les reconoce a los trabajadores libertad de elección para afiliarse o desafiliarse del sistema– pero, en última instancia, sigue pretendiendo ser un seguro. De ahí que la naturaleza de la Seguridad Social sea esencialmente contributiva: si cotizas más, cobrarás más en el futuro en forma de jubilación, incapacidad o paro. A la postre, como en cualquier seguro, si contratas una póliza que lleva aparejada una prima más cuantiosa, las indemnizaciones futuras también son superiores.

Desde hace años, sin embargo, los distintos gobiernos nacionales han tratado de mutar las bases económicas de la Seguridad Social, de modo que cada vez se acerque menos a un sistema contributivo y más a un sistema redistributivo: es decir, han ido desvinculando progresivamente las cotizaciones pagadas de las contraprestaciones recibidas (por ejemplo, congelando las pensiones máximas y elevando de manera sostenida las pensiones mínimas). Sin embargo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez pretende asestarle una estocada definitiva al modelo contributivo con su famosa promesa de «destopar» las cotizaciones: en caso de aprobar semejante medida, desaparecería la base máxima de cotización a la Seguridad Social a pesar de que la pensión máxima continuaría plenamente en vigor.

A saber, se cotizaría muchísimo más a cambio de no recibir ningún extra a cambio. La contributividad simplemente quedaría enterrada. De ahí que una de las principales impulsoras de esta vuelta de tuerca a la estafa piramidal de las pensiones públicas, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya salido a la palestra a advertirnos de que la Seguridad Social es un «sistema contributivo pero también solidario». O expresado de otra forma: a pagar más, a cobrar lo mismo y a callar. Un robo con todas sus letras, por mucho que los socialistas quieran camuflar bajo los ropajes de la solidaridad coercitiva del Estado. Porque, ciertamente, en otros países europeos, como Dinamarca, las pensiones públicas no poseen un carácter contributivo sino meramente asistencial: es decir, el sector público garantiza una pensión mínima para todos con independencia de los impuestos que paguen.

Ahora bien, en aquellos países cuyas pensiones públicas no se organizan sobre presupuestos contributivos, el Estado suele impulsar que sus ciudadanos cuenten con amplios fondos de ahorro personal con los que complementar la igualitaria pensión pública: por esta vía se consigue que la renta que perciben los ciudadanos en su jubilación guarde una cierta correspondencia con los ingresos que obtuvieron (y por los que cotizaron) durante su etapa laboral activa. Pero fijémonos que en España estamos abandonando el modelo contributivo sin transitar hacia otro sistema complementado con planes de ahorro personal: nos obligan a darle la mayor parte de nuestro sueldo a la Seguridad Social –imposibilitando el ahorro personal de los trabajadores– pero, al tiempo, nos amenazan con desvincular nuestras rentas diferidas de lo cotizado. Somos rehenes de un atraco que el PSOE sólo aspira a maximizar.