La Comisión Europea, nuevamente contra Google

Para la eurocracia bruselense, la mera existencia de Silicon Valley constituye una demostración viviente de su fracaso, del estrepitoso fracaso de los Estados europeos a la hora de ser incapaces de generar un marco institucional que permita el surgimiento de un clúster innovador análogo al californiano. Por eso, y porque además las multinacionales estadounidenses se encuentran en medio del fuego cruzado de amenazas recíprocas entre las administraciones de ambos bloques políticos, la Comisión Europea ha decidido aplicar desde hace años una calamitosa hoja de ruta contra algunas de las compañías que más han revolucionado –y mejorado– nuestro estilo de vida actual. Uno de los blancos preferidos de las invectivas comunitarias es Google. El buscador –aunque no sólo buscador– por excelencia de internet. En 2017, Bruselas ya lo sancionó con una multa de 2.400 millones de euros. ¿El motivo? Que la empresa estadounidense otorgaba una posición preferente a su comparador de compras –Google Shopping– dentro de su motor de búsquedas. Al parecer, integrar los diversos servicios que ofreces a tus usuarios para mejorar su experiencia es un pecado empresarial de primer orden que merece ser penalizado con varios millardos de euros. Pues bien, ayer descubrimos que la inquina de la Comisión contra Google no quedó ahí. Bruselas ha impuesto una multa adicional de 4.300 millones de euros –la mayor de la historia– contra la empresa de Mountain View. ¿La razón? El supuesto abuso de posición de dominio que estaría ejerciendo a través de su sistema operativo para móviles, Android. Según Bruselas, Google se aprovecha de la presencia masiva de Android en los smartphones (el 80% de los mismos lo utiliza) para imponer obligatoriamente la instalación de otras aplicaciones propias, como Chrome o su servicio de búsquedas. Pero esto es fundamentalmente erróneo. Android es un sistema operativo de código abierto que puede usarse sin licencia alguna por parte de Google. Es decir, cualquier persona, física o jurídica, puede utilizar el código base de Android, modificarlo a su gusto y comercializarlo sin pagar ni un solo dólar a Google. La compañía estadounidense no exige nada a cambio, tampoco preinstalar sus propias aplicaciones. Sin ir más lejos, los dispositivos de Amazon ya usan una versión propia de Android y no preinstalan las apps de Google. Y lo mismo sucede con Xiaomi en China. Cuestión distinta, claro, es que los fabricantes de móviles quieran utilizar la versión de Android específicamente desarrollada por Google. Ahí la compañía estadounidense sí exige ciertos requisitos como preinstalar su buscador o su navegador (sin que ello impida a los usuarios instalar otros). Así es como Google recupera parte de su inversión destinada a mejorar continuamente su versión de Android. ¿Qué tiene todo ello de negativo para el usuario? Nada. Gracias al código abierto de Android, millones de consumidores han podido adquirir móviles mucho más baratos; gracias al desarrollo sucesivo de Android por parte de Google, millones de consumidores van accediendo a ediciones superiores de esta versión de Android. Todo ello sólo a cambio de preinstalar gratuitamente unas aplicaciones que no son incompatibles con la postinstalación de las de los rivales de Google. La milmillonaria sanción carece de sentido. Bruselas no se preocupa por proteger el bienestar del consumidor, sino el de su establishment europeo contrario al libre mercado.