Armonizar el expolio y descentralizar el despilfarro

Juan Rallo

A nadie debería sorprenderle que la ministra de Hacienda socialista, María Jesús Montero, esté obsesionada con laminar las bases de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Montero fue previamente consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, una región que siempre se quejó de que, con suma inteligencia y respeto hacia los contribuyentes, la comunidad autónoma de Madrid mantuviera unos tipos fiscales mucho más reducidos en el Impuesto sobre Sucesiones o en el de Patrimonio. A la postre, cuando quieres rapiñar a los ciudadanos, te resulta enormemente incómoda la existencia de alternativas institucionales que actúen como refugio frente a semejante desvalijo fiscal. No olvidemos que el voto con los pies es la forma más democrática de expresar la satisfacción o el descontento con una determinada administración política y, durante los últimos años, el voto patrimonial con los pies, desde Andalucía hasta Madrid, ha sido incontestable.

Así las cosas, todo apunta a que, dentro de la insaciable carrera de Sánchez hacia una mayor presión fiscal, Montero está ultimando una propuesta para armonizar –al alza– el Impuesto sobre Sucesiones en el conjunto de España: una forma de cerrar las puertas a millares de exiliados tributarios para que las taifas autonómicas más liberticidas puedan exprimirlos sin conmiseración alguna. Y es que, hasta la fecha, la competencia fiscal entre autonomías es lo que ha permitido no sólo que algunas de ellas, como Madrid o Canarias, se desmarcaran desde un comienzo con gravámenes muy inferiores al del resto de las regiones españolas, sino que muchos otros gobiernos autonómicos –incluido, pese a Montero, el de Andalucía– terminaran cediendo a la presión del voto con los pies y rebajaran sustancialmente esta figura impositiva.

Con su pretensión de armonizar al alza el Impuesto sobre Sucesiones lo que busca Montero es conformar un cartel entre autonomías para sablear fiscalmente al contribuyente. Que ninguna de ellas pueda diferenciarse –a la baja– del resto para que así todas puedan copiarse al alza. La propuesta, empero, es particularmente llamativa porque se produce unas semanas después de que el Pleno del Congreso, con los votos de PSOE y Unidos Podemos, rechazara la tarjeta sanitaria única para todos los españoles. ¿Qué argumento empleó entonces la izquierda para oponerse a esa medida? Que suponía una recentralización del Estado de Bienestar.

O dicho de otra manera, el PSOE se opone a recentralizar el gasto mientras apoya con entusiasmo la recentralización (coordinada con los gerifaltes autonómicos) de los ingresos. ¿Por qué? Pues porque la descentralización del gasto permite la compra individual de votos por parte de cada gobernante, mientras que la centralización de los ingresos contribuye a que todos los políticos dispongan de mayor recaudación con la que comprar esos votos. Coordinar esfuerzos en el expolio al tiempo que se respeta la autonomía en el reparto arbitrario de los frutos de ese expolio. Hipocresía en estado puro que sólo pone de manifiesto cuál es el objetivo último de todo mandatario: retener y ampliar su poder a costa de los ciudadanos.

No armonicemos el Impuesto sobre Sucesiones: permitamos que cada político se retrate ante su electorado en función de la cantidad de dinero que desea arrebatarles. Sólo de ese modo habrá alguna opción de identificar quiénes son los responsables directos de nuestro empobrecimiento y, por tanto, sólo de ese modo habrá alguna opción de castigarlos como se merecen.