Opinión

PP y PSOE no deben desentenderse del déficit

Los compromisos de reducción del déficit público no son meras declaraciones de buenas intenciones por parte de los gobiernos de turno: son la garantía de la sostenibilidad y credibilidad financiera de un Estado. El excesivo endeudamiento público siempre se traduce o en inflación (allí donde los gobiernos poseen la potestad de diluir el valor de sus deudas a través del envilecimiento monetario) o en ajustes fiscales futuros, ya sea en forma de mayores impuestos o de menor gasto público. Sin ir más lejos, el megadéficit público de Zapatero en 2009 fue acompañado, a partir de 2010, de continuos recortes del gasto y de sangrantes subidas de impuestos (todavía hoy inacabadas). Tan persistente desequilibrio presupuestario y su consecuente sobreacumulación de deuda pública a punto estuvieron de llevarnos a la bancarrota, lo que obligó a la UE a imponer una senda de ajustes aún inconclusa en la actualidad. De ahí que, como ya sucediera con el Ejecutivo de Rajoy, los incumplimientos de nuestros objetivos de déficit resulten tan criticables. Por un lado, trasladan un pésimo mensaje a Bruselas; por otro, añaden más carga de deuda sobre las espaldas de los españoles, trasladando así a futuro el coste económico de sus malas decisiones presentes. Por desgracia, el Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a incumplir con los compromisos de déficit, tanto en 2018, como en 2019 y 2020. Ayer mismo la AIReF pronosticó que cerraremos este año con un desequilibrio presupuestario cinco décimas superior al previsto. Esperemos que el nuevo líder de los populares, Pablo Casado, no ceda a la tramposa presión que está ejerciendo Pedro Sánchez para que vote a favor del nuevo techo de gasto: más desembolsos estatales en 2019 sólo engrosarían aún más el ya excesivo déficit actual. Con todo, las amenazas a la indisciplina del déficit no sólo emergen desde el PSOE, sino también desde el PP. Pablo Casado ha hecho muy bien en prometer una audaz bajada de impuestos en caso de llegar a La Moncloa –Impuesto sobre Sociedades en el 10% y tipo marginal máximo del IRPF en el 40%–, pero desgraciadamente no ha detallado qué partidas de gasto pretende recortar para que el déficit público no aumente subsiguientemente. Por supuesto, todavía es pronto para exigir una memoria económica detallada, pero sí conviene advertir contra la tentación de apostar por las bajadas de impuestos aun cuando incrementen el déficit público (justo la estrategia que está siguiendo Trump en EE UU). Sí, es peor aumentar el déficit como resultado de crecimientos del gasto que como aumentarlo consecuencia de una reducción impositiva, pero esto último es igualmente negativo y criticable: para bajar impuestos también hay que bajar el gasto. De lo contrario, o bien las reducciones fiscales serán minúsculas o bien el endeudamiento estatal se expandirá: y más deuda pública es más descrédito para España y mayores ajustes futuros para los españoles.