Los aliados de Sánchez tumban su techo de gasto

La fragilidad parlamentaria del Gobierno socialista se visibilizó este viernes en la votación sobre el techo de gasto y la ampliación de los objetivos de déficit presupuestario para el próximo ejercicio: la coalición que apoyó a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha tumbado ahora el primer paso para la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y es que, de acuerdo con Unidos Podemos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha incrementado suficientemente los límites de desembolsos de la Administración Central: como partido aún más escorado a la izquierda que el propio PSOE, los de Pablo Iglesias y Alberto Garzón reclaman una expansión más acelerada del sector público. Quieren más gasto y, en consecuencia, más impuestos sobre todos los españoles.

De hecho, no sólo reclaman una elevación del techo de gasto del Gobierno central, sino también la suspensión de la regla de gasto que limita la capacidad de los ayuntamientos para endeudarse o para dilapidar sus superávits (nótese que quienes piden suspender esa regla de gasto son los mismos que cada trimestre sacan pecho por el elevado superávit del Ayuntamiento de Madrid: un superávit que se conversa, precisamente, merced a esa regla de gasto que desean cargarse).

El resquebrajamiento de la coalición parlamentaria de Sánchez le ha ocasionado un doloroso fracaso cuyas consecuencias finales todavía desconocemos. Por un lado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, antes de que la economía española pasara por su peor momento y estuviera al bor del rescate obliga al Gobierno a presentar a las Cortes una nueva propuesta de techo de gasto antes de un mes: en principio, el PSOE podría ceder a las exigencias de Unidos Podemos, aumentando todavía más el techo de gasto de lo que ya lo ha hecho, pero semejante estrategia probablemente lo colocaría en una posición problemática ante nuestros socios de Bruselas.

Además, aunque el techo de gasto salga aprobado en el Congreso de los Diputados, a buen seguro será rechazado en el Senado por el Partido Popular, que goza de una mayoría aplastante, lo que obligaría al Gobierno a tener que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eludir el veto de la Cámara Alta. esa una altenativa

Por otro, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo se quede de brazos cruzados y se ajuste a la senda de déficit aprobada en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy: en tal caso, el techo de gasto contaría con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, allanando el camino hacia la aprobación de unos nuevos presupuestos.

Por desgracia, esta última posibilidad se antoja remota, dado que Sánchez busca, primero, diferenciarse de las ideas de «la derecha» (por adecuadas que éstas puedan ser) y, segundo, sacar la chequera presupuestaria para, antes de los próximos comicios generales, comprar el apoyo de diversos colectivos esenciales para construir una coalición ganadora.

La tragedia de todo esto es que, como suele suceder, los distintos partidos están anteponiendo sus intereses electorales a los intereses de la economía española: no les importa que las subidas de impuestos, del gasto público y de la deuda (la tríada del empobrecimiento) se conviertan en nuevas cargas para nuestras familias y empresas; lo único que les importa es la tajada electoral que puedan conseguir a corto plazo con todo ello.