Fomento, contra los propietarios de vivienda

Para la izquierda, el precio de la vivienda en España es alto debido, en gran medida, a la especulación: inversores que adquieren un inmueble y que luego ni lo venden ni lo sacan en alquiler. Económicamente, la decisión tiene escaso sentido: ¿por qué congelar tus ahorros en un activo real que no se rentabiliza por ninguna vía (ni a través de su venta, ni de su alquiler)? Pero ésa es la narrativa: las manos muertas del ladrillo encarecen su precio. Por eso, desde Unidos Podemos y desde el PSOE, llevan años defendiendo penalizar la mera existencia de estos inmuebles desocupados. De ahí que, según se ha filtrado a los medios de comunicación, el Ministerio de Fomento esté programando una cruzada tributaria contra las viviendas vacías. Al parecer, el departamento de José Luis Ábalos pretende incrementar tanto el IBI como la tributación en el IRPF de las segundas viviendas no arrendadas.

¿El objetivo? Obligar a que tales inmuebles se vendan o se alquilen. A saber, usar el palo tributario para presionar a los inversores en ladrillo a que aumenten la oferta efectiva de casas. Sin embargo, antes de castigar con mayor saña impositiva a los propietarios españoles acaso conviniera plantearse por qué tantos de ellos deciden mantener sus inmuebles desocupados en lugar de venderlos o de alquilarlos, es decir, en lugar de rentabilizarlos. Y los motivos son esencialmente dos. Por un lado, muchas familias con segunda residencia vacacional sólo desean ocupar estos inmuebles durante algunos meses al año (normalmente en verano) y, en consecuencia, no tratan ni de alquilarlos en régimen de larga duración (pues perderían la opción de usarlos durante ese período de tiempo) ni tampoco de manera esporádica durante breves lapsos de tiempo (pues no quieren que unos completos desconocidos usen intermitentemente sus segundas viviendas cargadas de enseres personales).

Simplemente quieren tener una residencia alternativa para algunos momentos del año). Por otro, también existen propietarios que se niegan a arrendar sus inmuebles vacíos debido a la inseguridad jurídica a la que se exponen en diversos órdenes: no sólo el riesgo de ocupación tras impagos reiterados de los inquilinos o el riesgo de grave deterioro de la vivienda por los ocupantes, sino también el de no poder disponer del inmueble justo en el momento en el que lo necesiten (pues la ley permite prorrogar obligatoriamente el alquiler). Incrementar los impuestos a los dueños de aquellas viviendas que se mantienen vacías por cualquiera de estas razones es injusto y, en gran medida, ineficaz (pues los propietarios seguirán en sus trece por las razones antedichas). Lo que, por el contrario, debería hacer el Gobierno es tratar de dar respuesta a aquellas razones de fondo que desincentivan a los ciudadanos sacarlas al mercado: es decir, incrementar la seguridad jurídica de los propietarios para que el riesgo de alquiler no sea tan elevado y flexibilizar los contratos de arrendamientos para que éstos se puedan adaptar a las necesidades específicas del propietario. La zanahoria del respeto al derecho de propiedad en lugar del palo del ataque a ese derecho de propiedad.