Avanzar hacia la austeridad

Unidos Podemos acaba de publicar un nuevo documento en el que especifica sus condiciones para apoyar en las Cortes la propuesta de techo de gasto del PSOE. Las exigencias son fundamentalmente dos: la primera —que, de hecho, da nombre al susodicho documento— es «dejar atrás la austeridad», esto es, poner fin a la obsesión bruselense de recortar el déficit público; la segunda, aprobar una notable batería de subidas impositivas contra «los más ricos»: a saber, impuesto a la banca, tipo mínimo en Sociedades del 15%, más fiscalidad medioambiental, impuesto a las grandes fortunas, supresión del régimen tributario de las sicav, eliminación de las deducciones fiscales a los planes de pensiones y aumento de los tipos marginales del IRPF para quienes ingresen más de 60.000 euros anuales. Cualquiera de estas dos vindicaciones podemitas está equivocada por sí sola. Por un lado, el slogan de «dejar atrás la austeridad» es tanto como querer dejar atrás la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas: que durante un tiempo casi cualquier Estado disponga de un cierto margen para endeudarse (y, según gusta afirmar a los economistas keynesianos, «estimular la economía») no significa que ese margen sea ilimitado y que, en consecuencia, quepa despreocuparse de que, en el largo plazo, los ingresos públicos sean iguales a los gastos públicos. Desequilibrar estructuralmente los cobros y los pagos del sector público constituye la receta perfecta para la bancarrota.

Por otro lado, la capacidad recaudatoria de las figuras fiscales que propugna Podemos es bastante escasa, dada la enorme capacidad de reacción de la mayoría de los agentes afectados: por ejemplo, los bancos, en tanto constituyen un oligopolio legal, poseen un gran poder para repercutir la subida impositiva a los usuarios finales (especialmente, a quienes les solicitan un crédito); las grandes fortunas pueden deslocalizarse con relativa facilidad a otras jurisdicciones fiscales; las sicav no sólo son capaces de trasladarse al extranjero, sino que, aun cuando no lo hicieran, apenas arrojarían una recaudación extra inferior al 0,05% el PIB; y, por último, las rentas altas pueden igualmente buscar otros destinos internacionales en los que desarrollar su actividad o, simplemente, prestar un menor volumen de sus servicios dentro de nuestro país (esto es, trabajar durante menos horas y disfrutar de un mayor tiempo libre). Pero si cada exigencia de Podemos ya constituye un error por sí sola, conjuntamente devienen incluso contradictorias. A la postre, subir impuestos —al igual que recortar los gastos— es un instrumento típico de política fiscal para reducir el déficit presupuestario, esto es, para avanzar hacia la austeridad (¿o por qué motivo, si no, se habría dedicado Montoro durante años a subirles casi todos los tributos imaginables a los españoles?).

He ahí pues la incoherente propuesta que está lanzándole Podemos al PSOE: pro-austeridad en aras de la anti-austeridad. ¿Cómo exigir simultáneamente que nuestro país abandone las políticas de austeridad y, a su vez, que subamos los impuestos, es decir, que apliquemos políticas típicamente de austeridad? Pues porque Podemos no pretende elaborar un discurso económico razonable y sólido: uno que mejore a largo plazo la vida del conjunto de los españoles. No, lo que pretende es ganar votos combinando discursivamente todas las soflamas habituales de la propaganda de la extrema izquierda, incluso si resulten incompatibles entre sí: a saber, que la austeridad ha sido la causa de la crisis y que los ricos deben pagar muchos más impuestos de los que ahora pagan. Lo peor, empero, es que la debilidad parlamentaria del PSOE puede terminar arrastrándole a las posturas más irracionales posibles: alargar la legislatura aun a costa de perjudicar las bases de nuestra prosperidad en el largo plazo.