Opinión
Deuda pública: Jugando con fuego
La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas alcanzó en junio su máximo histórico: 1,162 billones de euros. La cifra resulta preocupante por tres razones fundamentales. Primero, desde el comienzo de la crisis económica, los pasivos estatales se han triplicado. En junio de 2008, la deuda pública ascendía a 0,39 billones de euros y, desde entonces, hemos acumulado 0,772 billones adicionales. Una evolución explosiva que sólo hemos conseguido estabilizar cuando la medimos en relación con nuestro PIB (desde 2014, el peso de la deuda pública ronda el 100% del PIB) pero que continúa al alza en términos absolutos. Segundo, 1,162 billones de euros no son peccata minuta. Equivalen a 25.000 euros por ciudadano o a 63.000 euros por familia española.
Éste es el monto de la hipoteca que –Zapatero primero, Rajoy después y ahora mismo Sánchez– nos han impuesto a todos los españoles, una desproporcionada hipoteca que de un modo u otro –con más impuestos, menos servicios públicos o más inflación– terminaremos pagando entre todos. Y tercero, una deuda pública de 1,162 billones de euros equivale al 98,8% del PIB, dos puntos por encima del objetivo para el conjunto de este año. El problema, empero, no es tanto que estemos ligeramente por encima del compromiso que hemos asumido para el ejercicio corriente, sino que estamos enormemente por encima del objetivo de deuda pública para el medio-largo plazo. A la postre, recordemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece la obligación de que los pasivos estatales del Reino de España no rebasen la marca del 60% del PIB, a saber, 38,8 puntos de PIB menos que en la actualidad (equivalentes a 460.000 millones de euros). Alcanzar una ratio de deuda pública del 60% del PIB es fundamental para blindarnos frente a nuevas turbulencias financieras.
No en vano, si a lo largo de los próximos años padeciéramos una crisis de magnitud análoga a la de 2009 o 2012, nuestro actual volumen de deuda pública nos convertiría en uno de los principales candidatos internacionales a quebrar. Muy pocos querrían prestarnos a tipos de interés moderados debido a que nuestro riesgo sería demasiado grande. Por desgracia, no hay planes serios para reconducir nuestro endeudamiento público a niveles manejables.
En el mejor de los escenarios, alcanzaremos el equilibrio presupuestario durante los próximos años, lo que significaría que la ratio deuda/PIB sólo se reduciría gracias al crecimiento del PIB. Pero, ¿cuánto tendría que expandirse nuestra economía para que el actual stock de deuda pública baje del 98,8% al 60% del PIB? Pues deberíamos pasar de un PIB de 1,17 billones de euros a uno de 1,94 billones de euros. Esto es, necesitamos un crecimiento del 65%. A un ritmo de expansión nominal del 5% al año (unas tasas muy por encima de nuestras capacidades potenciales), tardaríamos más de una década en lograrlo. ¿Estamos convencidos de que no habrá ninguna otra crisis en los próximos diez o quince años? Desde luego que no. Por eso nuestros políticos están jugando con fuego.
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