Opinión
Ideologizar el copago
El PSOE de Pedro Sánchez es rehén del populismo de Podemos. Los de Pablo Iglesias son conscientes de que tienen la sartén parlamentaria por el mango y de que, por consiguiente, pueden exigirle al Ejecutivo todo aquello que deseen. La última de sus ocurrencias ha sido la de eliminar el copago farmacéutico, revirtiendo así una de las principales novedades legislativas que, desde 2013, ha permitido controlar el crecimiento del gasto farmacéutico. Recordemos algunos datos que, a estas alturas, todos deberíamos tener presentes. El conjunto de las Administraciones Públicas destinaron en 2017 más de 10.000 millones de euros a sufragar la adquisición de más de 900 millones de recetas. La cifra es muy elevada pero, aún así, sigue siendo más baja que los 11.100 millones que nos gastábamos en 2011 para financiar la compra de 930 millones de recetas. ¿Cómo es posible, pues, que en los últimos seis años se haya reducido el gasto en esta rúbrica después de haber estado incrementándose ininterrumpidamente durante todos los ejercicios previos a 2011?
Pues, en esencia, por la introducción del copago farmacéutico en 2013. Desde entonces, aquellos pensionistas que ingresan menos de 18.000 euros anuales apenas pagan un máximo de 8 euros mensuales en concepto de copagos; los que ingresan entre 18.000 y 100.000 euros mensuales, 18 euros mensuales, y quienes cobran más de 100.000 euros, un máximo de 60 euros mensuales. Es decir, las sumas exigidas en concepto de copago no erosionan gravemente el poder adquisitivo de ningún ciudadano, pero sí permiten establecer una influencia moderadora sobre la demanda de medicamentos. Tal como solemos afirmar los economistas, cuando el precio de un producto es igual a cero (por ejemplo, porque el Estado lo subvenciona al 100%), su demanda tiende a infinito o, más exactamente, tiende a crecer hasta que se alcance el umbral de saturación de las necesidades. Por eso, la inmensa mayoría de Estados de Bienestar europeos (y sanitarios) han ido introduciendo durante los últimos lustros copagos farmacéuticos que actúan como «tickets moderadores» de esa demanda infinita. Se trata de abonar unos pocos euros por receta para así desincentivar aquellas adquisiciones de medicamentos que resulten superfluas (menos valiosas que esos pocos euros mensuales) y que, en consecuencia, no contribuyen en nada a mejorar el bienestar de los ciudadanos, pero sí a inflar artificialmente los desembolsos de las Administraciones Públicas. Toda la campaña de Podemos contra el copago no se debe a que se esté generando algún tipo de quebranto socioeconómico entre los pensionistas: se trata, más bien, de una oposición ideologizada no sólo contra todas las medidas anti-crisis que adoptó el PP durante su etapa de gobierno, sino especialmente contra cualquier política que evidencie que el Estado de Bienestar ni es gratis (lo sufraga el contribuyente) ni puede acrecentarse de manera irrestricta (el gasto ha de pagarse en última instancia con impuestos). En suma, Podemos quiere eliminar el copago porque no encaja en su propaganda infantiloide de que el Estado puede hacerse cargo de todo y para todos. Lo peor, empero, no es que los de Pablo Iglesias traten a sus votantes como niños inmaduros, sino que el PSOE también lo haga.
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