Opinión

Inseguridad ciudadana

El Gobierno de Pedro Sánchez se desgañita tratando de emitir constantemente mensajes sobre la normalidad de la situación en Cataluña, pero cada día que pasa la situación se muestra más anormal y surrealista. La reunión del ministro del Interior con el consejero regional Buch que tuvo lugar ayer debía versar inexcusablemente sobre los incidentes callejeros surgidos en torno a los lazos (lógico en cualquier país civilizado europeo ante unos sucesos de este tipo), pero en esta región atrapada en el gótico nacionalista costó que así fuera. Hasta el último momento, los miembros del Gobierno de Torra se resistieron a tratar el tema y quisieron hacer como que no pasaba nada, con la infantil idea de que el dinosaurio que habían creado ya no estaría ahí cuando se despertaran. La reunión quiso escenificarse como un escenario de armonía y consenso, pero Fernando Grande-Marlaska no consiguió transmitir la sensación de seguridad que cabría esperar de un ministro del Interior en situaciones como estas.

Fue un simple problema de apariencia y colocación sobre el escenario, pero lo cierto es que parecía empequeñecido, con un hilo de voz, preocupado y desconcertado. Un descuido que sorprende en un Gobierno que ha querido basarse tanto en el marketing. El consejero regional estuvo atento a escenificar mejor e impostó una voz a lo Constantino Romero, pero el problema en este caso es su poca credibilidad, dado que está al frente de una Policía autonómica seriamente tocada por obligar a identificarse al que corta lazos y no al que corta carreteras.

Los catalanes no pueden olvidar que el consejero Buch fue el que amenazó a la población con multas de 600 a 30.000 euros por usar herramientas cortantes para quitar lazos. Aseguraba que eran armas que podían ser un peligro público, haciendo una interpretación clarísimamente torticera de la Ley de Seguridad Ciudadana. Por tanto, no es de extrañar que la mitad de la región no esté nada de acuerdo en que fiar exclusivamente a la Policía autonómica el orden público en las efemérides que nos esperan (los aniversarios de 40 años de Constitución y de 1 año de «putsch» fallido de nacionalismo posmoderno) sea garantía de protección e imparcialidad.

Si un cutter para cortar lazos se considera en Cataluña un arma que amenaza el orden público y te pueden castigar por ello con hasta 30.000 euros. ¿Cuánto te cae por salir con una radial a despojar nuestras rotondas de todas esas chatarras que simulan ser esculturas y mejorar así estéticamente nuestro entorno? Comparado con un cutter o unas tijeras, una radial debe considerarse casi como una arma de destrucción masiva, algo así como una bomba de Hiroshima de bolsillo, imagino yo.

Es lo que tiene la desobediencia, que cuando nos ponemos a desobedecer todos, unos a esto, aquellos a lo otro (y encima con una radial en la mano) pues tenemos mucho peligro. A la disidencia catalana contra el nacionalismo institucional le protege ahora mismo la propia debilidad del separatismo y el cansancio de tanta efeméride y momento histórico más que el propio Gobierno central. También juega a su favor el sentido del humor popular y la inevitable tendencia a la sobreactuación bufonesca de Torra.

Los constitucionales ya le llaman «Monchito», en recuerdo al muñeco del ventrílocuo José Luis Moreno, dada su constante prisa por correr a Bruselas a por instrucciones y su desafortunada manera de colocarse en la tarima cuando las presenta con su jefe. Humor clásico. Pero sería deseable que no fuera el humor la mejor defensa de los demócratas en Cataluña, sino los cuerpos y fuerzas especializados en seguridad del Estado.