Gobierno de aficionados

Estamos ya tan acostumbrados a las rectificaciones –y eso en sólo tres meses– que ya resulta imposible discernir acerca de las directrices a que verdaderamente informan la acción del gobierno socialista. No es sólo que un día se dice una cosa y el siguiente amanece con su opuesta; es que, además, los ministros desconocen los procedimientos a los que deben ajustarse sus actuaciones. Esto último no sería grave si tuvieran en cuenta a los administradores, pues para eso están los funcionarios. Pero no es así, probablemente porque han llenado de amiguetes mal preparados los puestos directivos de sus ministerios, cortocircuitando así los frenos que, para la arbitrariedad, suponen los procedimientos administrativos.

Un ejemplo de esto lo hemos tenido estos días con la ministra de Defensa y el asunto de la venta de armas a Arabia Saudí. A Margarita Robles, seguramente, le ha debido parecer muy progresista paralizar una operación de venta de bombas inteligentes a ese país –incumpliendo, de paso, un contrato que compromete al Reino de España– porque los saudíes están envueltos desde hace tiempo en un conflicto civil que amenaza el poder legítimo en Yemen. A la señora Robles no le ha importado que esa intervención saudí esté encuadrada en una coalición de diez Estados árabes y que fuera solicitada por el gobierno yemení. Y tampoco ha debido reflexionar acerca de las consecuencias diplomáticas, económicas y de pérdida de prestigio que su decisión podía suponer. Éstas se produjeron de manera inmediata, de manera que los saudíes amenazaron con retirar un pedido de cinco corbetas del que depende una buena parte de la actividad económica en la bahía de Cádiz. Los sindicatos y el gobierno andaluz, con razón, no deban crédito y se movilizaron inmediatamente.

Para arreglar el desaguisado, la portavoz del Gobierno salió con eso de que el asunto se estaba estudiando y que sería resuelto por una comisión interministerial que controla la venta de armas. Pero resulta que esta comisión no puede decidir sobre ese tema, dado que su cometido es vigilar que tales operaciones se ajusten a la legislación que las regula impidiendo que se realicen con alguno de los 22 países embargados por la ONU, la UE o la OSCE, entre los que no está Arabia Saudí. Pero la decisión es del vendedor. Por eso, la ministra de Defensa, finalmente, ha tenido que recular dando vía libre a la venta de las bombas, corrigiendo así su resolución. Ya se ve que ni la Celaá ni la Robles saben de qué hablan, que son ministras amateur y nos llevan al desorden. Claro que, políticamente, esto es pecado menor comparado con lo del plagiario Sánchez.