Italia acapara el foco de preocupación de los inversores europeos. En apariencia, el problema vendría causado por la coalición nacional-populista que gobierna el país desde el pasado mes de junio. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte apuestan por medidas económicas radicalmente incompatibles y que requieren aumentar la deuda (unos quieren aumentar el gasto, los otros reducir impuestos). Si profundizamos un poco más, empero, descubriremos que un problema más grave todavía es la elevada deuda pública del Estado transalpino, equivalente al 130% del PIB y responsable de unos pagos de intereses equivalentes al 3,5% del PIB. Recordemos que la crisis financiera griega arrancó como consecuencia de unas proporciones de deuda menores a las que hoy exhibe Italia (en 2010, el fiasco griego arrastraba unos pasivos estatales del 115% del PIB).

Pero, en realidad, el problema del país es todavía más hondo que el derivado de su «stock» de deuda pública. Su auténtica cruz es el estancamiento en sus estándares de vida desde hace dos décadas, consecuencia de un crecimiento económico esclerótico. Y es que, entre 1999 y 2017, el PIB real del país apenas se expandió un 6,2%, a saber, una media del 0,3% anual. Como consecuencia de ello, su renta per cápita no ha crecido en términos reales desde 1999. Aquel año se ubicó en 26.356 euros y, veinte años después, a cierre de 2017, era de 26.309 euros. En términos relativos, frente a los doce primeros países que conformaron la Unión Europea, la evolución es todavía más decepcionante. Mientras que a finales de los 90 la renta per cápita italiana equivalía a casi el 110% de la del resto de Europa, hoy apenas representa el 87%. Un declive continuo y sin freno a la vista.

¿A qué se debe esta parálisis de Italia? Algunos analistas la atribuyen a la insuficiencia de gasto público. La economía transalpina, se argumenta, necesita un Estado más grande, capaz de movilizar cuantos recursos sean necesarios para impulsar la inversión pública y relanzar el crecimiento. Pero el Estado italiano no es precisamente pequeño. En la actualidad, representa el 48% del PIB, veintitrés puntos por encima del de Irlanda. O si se quiere siete más que el de España, cinco por encima del de Holanda y cuatro por encima del de Alemania. Y ninguno de estos países parece haber tenido problema alguno para crecer.

Otros argumentan que el declive italiano se debe a su entrada en el euro, a la camisa de fuerza impuesta por la moneda única. Pero esa misma camisa de fuerza no ha impedido que, por ejemplo, España sí se haya expandido durante ese mismo período. La renta per cápita de nuestro país ha aumentado casi un 25% desde 1999, una media del 1% anual (más de tres veces lo que Italia). De hecho, nuestro país ha incrementado ligeramente su nivel de ingresos por persona en relación con los del resto de Europa. Si a finales de los 90 éste no alcanzaba el 85%, hoy se ubica en el 87% (el mismo nivel que el de Italia, cuando hace veinte años había 25 puntos de diferencia).

En definitiva, si hay algo que está machacando a la economía italiana –cebando con ello su crisis de deuda, actualmente agravada por la irresponsabilidad de su coalición nacional-populista– no es si la falta de gasto público ni la entrada en el euro, es la sobredimensión fiscal y regulatoria de su Administración, algo que les impide a sus empresas adaptarse a un entorno competitivo global marcado por la presencia de una divisa, el euro, que no puede depreciarse a discreción del Gobierno italiano. El camino es menos gasto público y menores regulaciones.

IPC sí, IPC no

El Gobierno de Sánchez está siendo rehén de su propia demagogia. Tras haber fustigado al Ejecutivo de Rajoy por desindexar las pensiones del IPC, ahora les toca hacer equilibrismos para aparentar que reconectan los ingresos de los pensionistas a este indicador de precios pero sin realmente hacerlo. Al cabo, el área económica del Gabinete socialista es bien consciente de que, a medio plazo, semejante vinculación entre precios e IPC es insostenible debido a nuestro declive demográfico, de ahí que traten de convencer a los pensionistas de que han cumplido con su palabra pero sin haberlo hecho. La última en salir a la palestra ha sido, justamente, Nadia Calviño, la ministra de Economía encargada de mantener las relaciones de confianza con Europa. Su última palabra sobre el asunto ha sido que sí, que las pensiones finalmente se indexarán al IPC. Pero desengáñense, no será la última palabra del Gobierno.

Adiós al impuesto al Sol

El Ministerio de Transición Ecológica ha derogado el famoso «impuesto al Sol» para facilitar la transición hacia el autoconsumo eléctrico en España. Esta figura penalizaba a aquellos agentes que se abastecieran con sus propios paneles fotovoltaicos, pero continuaran conectados a la red buscando un «respaldo» de generación en aquellos momentos en los que su propia red no estuviera produciendo (de hecho, el impuesto al Sol se denominaba técnicamente «peaje de respaldo»). La noticia podrá parecer positiva –y en gran medida lo es, pues se trataba de un mecanismo mal diseñado–, pero no resuelve los problemas reales que el impuesto al Sol pretendía solventar. Dado que el llamado «término fijo» de la factura eléctrica no cubre la totalidad de los costes fijos del sistema eléctrico, cuantos más ciudadanos migren al autoconsumo, menos sostenible será la infraestructura de ese sistema eléctrico del que esperan obtener respaldo.

¿Otra burbuja crediticia?

El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido a las entidades financieras que no deben descuidar la vigilancia en la concesión de créditos, especialmente en los relativos a la financiación del consumo familiar. De acuerdo con Hernández de Cos, estamos asistiendo a una aceleración del crecimiento del crédito a las familias para adquirir bienes de consumo duradero (como vehículos o electrodomésticos), lo que podría poner de manifiesto que los bancos están descuidando sus estándares prudenciales a la hora de extender nueva financiación. Sin duda, no sería de extrañar. En un contexto de tranquilidad macroeconómica como el que vivimos, y en el que el Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés a mínimos históricos, lo que cabría esperar es que la banca se esté lanzando a apoyar a deudores que en circunstancias normales consideraría demasiado arriesgados. No es una película novedosa, ya la vivimos en la última burbuja inmobiliaria.