Sociedades instrumentales (y II)

Como contaba en mi último artículo, la existencia de sociedades –incluso unipersonales– mediante las que tributaban distintos profesionales fue absolutamente una práctica indiscutiblemente legal hasta la presente década. Fue entonces cuando en medio de un auténtico océano de irregularidades –como convertir en imprescriptibles ciertas faltas administrativas relacionadas con Hacienda– el criterio cambió, según diversas fuentes publicadas como una manera de domesticar a periodistas díscolos y de lanzar avisos a navegantes. Cegados por la perspectiva de recaudar lo que no se debía y de dañar a algún adversario, los políticos se adentraron en un terreno proceloso.

Así, Esperanza Aguirre y José María Aznar se enfrentaron con una inspección de este jaez. Tenían toda la razón legal, pero sospecho que prefirieron aceptar el atropello de la Agencia tributaria no fuera que aparecieran como defraudadores. Si fue así, les dio lo mismo porque ya se ocupó alguien –¿quién, Montoro, quién?– de filtrar todo para que ambos quedaran injustamente embarrados. Llegados a ese punto, Pedro Sánchez incluso se permitió lanzar la baladronada de que expulsaría de puestos rectores en el PSOE a cualquiera que hubiera incurrido en esa conducta. Si Sánchez supiera derecho o contara con asesores jurídicos dignos de tal nombre –eventualidades ambas bastante remotas–, se hubiera callado siquiera porque en sus filas podía haber gente que hubiera utilizado el recurso legal, aunque ahora satanizado, de tributar por sus actividades profesionales a través de una sociedad. No lo hizo y ya se sabe que al escupe contra el cielo el gargajo le cae encima. Gracias a esa ignorante demagogia, uno de sus ministros duró horas y desde entonces rara es la semana en que no aparece incurso en esta incómoda situación otro miembro de su gobierno, de la dirigencia socialista o incluso de escalones inferiores de la administración.

Es lógico que así suceda, pero no porque Sánchez se haya rodeado de una caterva de sinvergüenzas, sino porque toda esta gente actuó conforme a la legalidad, una legalidad que, en la práctica, se ha visto conculcada una y otra vez por la Agencia tributaria con el aplauso de despilfarradores ministros y demagógicos comentaristas. Al fin y a la postre, es difícil que lo que sólo es arbitrariedad basada en las peores intenciones pueda tener buenos resultados. Abierta la veda, no se sabe quién acabará cazado. El mismo Montoro cualquier día puede acabar citado por el juez.