Sánchez encarece la luz

El precio de la electricidad se mantiene alto en España esencialmente por razones políticas. Primero, durante la etapa del Gobierno de Zapatero se tomó la desastrosa decisión de impulsar las «energías renovables» (muy en particular, la eólica y la fotovoltaica) en un momento en el que estas tecnologías todavía se hallaban en un estadio muy inmaduro. A la postre, desde el periodo 2004-2009, en el que España invirtió masivamente en céntrales verdes, su coste de generación se ha reducido a tasas vertiginosas (por ejemplo, el coste de una célula fotoeléctrica, el componente básico de las fotovoltaicas, ha caído desde los 5,3 euros por célula en el período 2004-2009, a menos de 30 céntimos en la actualidad, esto es, una reducción del 95% en su precio), pero desgraciadamente nosotros optamos por instalarlos prematuramente en la etapa en la que todavía resultaban muy anticompetitivas. De ahí que sigamos arrastrando una hipoteca que aún repercute de lleno en el recibo de la luz. Y es que el Ejecutivo de Zapatero incentivó la inversión privada en esas ruinosas centrales prometiendo remunerar durante varias décadas su generación mediante elevadas primas que, en la actualidad, todavía representan más del 20% del coste total de la factura eléctrica. Segundo, en el último año, la Unión Europea ha decidido ahondar en su lucha contra el cambio climático encareciendo el precio de los derechos de emisión de CO2, lo que acarrea una repercusión directa sobre el coste de generación de electricidad (las centrales emisoras de CO2 necesitan comprar esos derechos para poder ponerse en marcha). Puede que se trate de una medida justificable atendiendo al reto medioambiental al que nos enfrentamos, pero en tal caso habrá que explicarles a los ciudadanos que están pagando en sus facturas eléctricas parte del coste de la lucha contra el cambio climático. Y tercero, recordemos que aproximadamente un 24% del precio final de la electricidad son impuestos: tanto el tributo sobre la generación (7% sobre el precio antes de impuestos) como el IVA (21% sobre el precio antes de impuestos más el tributo sobre la generación eléctrica) elevan artificialmente el coste de la luz. Así pues, nuestros políticos tendrían un instrumento muy inmediato para abaratar la electricidad: suprimir los impuestos que pesan sobre ella y –si consideramos que la electricidad cara es un problema mayor que el cambio climático– frenar el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. De hecho, el camino que siguió el Ejecutivo de Pedro Sánchez este pasado mes de octubre fue éste: suspender temporalmente el impuesto sobre la generación eléctrica. Ahora, empero, transcurrido medio año desde que adoptó la medida, nos anuncia que el impuesto se restablecerá –y, por tanto, se trasladará en forma de una mayor factura de la luz– justo después de los próximos comicios electorales. Puede que el PSOE repita insistentemente que le preocupa el alto precio de la electricidad, pero sus obras lo delatan: tanto Zapatero como Sánchez no han hecho otra cosa que facilitar extraordinarias subidas de su coste para el conjunto de la ciudadanía.