Privatizar Bankia

El rescate conjunto de Bankia y Banco Mare Nostrum (actualmente integrado en Bankia) ha costado a los contribuyentes españoles 24.069 millones de euros. A cambio de ellos, el Estado llegó a controlar alrededor del 75% de esta entidad financiera. En los últimos años, sin embargo, el sector público ha enajenado una pequeña porción de esta abultada participación (algo más del 7% en febrero de 2014 y otro tanto en diciembre de 2017) y, a cambio de ella, ha recuperado algo más de 2.100 millones de euros. Si a tal suma le añadimos los dividendos de 740 millones de euros que el Estado ha recibido por su paquete de acciones, tendremos que, desde el rescate, el sector público se ha embolsado unos 2.850 millones de euros de los 24.069 inyectados en la entidad: menos del 12% del capital total. Llegados a este punto, sólo hay dos opciones: o mantener la propiedad pública de Bankia y esperar unos 75 años hasta recuperar –siendo optimistas– el importe desembolsado o privatizar Bankia ahora mismo, hacer algo caja y asumir la pérdida irreversible de todo el monto restante.

La primera opción es la que más seduce al PSOE y, sobre todo, a Podemos. No porque consideren que sea la vía financieramente más interesante para los españoles, sino porque les garantiza el control de Bankia «in saecula saeculorum». Desde la formación de Pablo Iglesias, y crecientemente desde la de Pedro Sánchez, se ha ambicionado en los últimos años con el retorno de la banca pública, esto es, con la reinstauración de un cortijo financiero a imagen y semejanza de las multiquebradas cajas de ahorros para que los políticos puedan juguetear y repartir crédito privilegiado entre sus amigos y clientes electorales.

La segunda opción, en cambio, implicaría reconocer ipso facto la existencia de pérdidas irrecuperables vinculadas al rescate financiero de Bankia pero, al menos, dejaríamos de hacernos trampas contables al solitario y, sobre todo, minimizaríamos el riesgo de intervención política en esta entidad. Ahora mismo, la participación del 61% que el Estado posee en Bankia alcanza un valor de mercado de unos 5.300 millones de euros (aunque para colocar un paquete tan grande de golpe probablemente habría que enajenarlo por alrededor de 5.000 millones o incluso menos). Siendo así, el quebranto total del rescate de Bankia ascendería a unos 16.000 millones de euros: un agujero que, siendo realistas, deberíamos comenzar a aceptar como inevitable.

Sin ir más lejos, este pasado jueves, el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, le hizo dos peticiones al Gobierno socialista: la primera, que se abstuviera de interferir en la gestión de la entidad; la segunda, que concluya el proceso de privatización de Bankia para normalizar la situación del sistema financiero español. Que el banquero haya alzado la voz en estos momentos significa que es muy consciente de la tentación nacionalizadora de un futurible Ejecutivo Sánchez-Iglesias: y nada necesitaríamos menos dentro del sector bancario que una resurrección del nefasto modelo de cajas de ahorros hiperpolitizadas.