Carmena, contra la propiedad privada

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva normativa para limitar –a todos los efectos, prohibir– los alquileres turísticos en la capital de España. Aquellas viviendas que pretendan estar alquiladas a turistas durante más de 90 días al año deberán contar con una licencia especial otorgada por el propio consistorio así como con una entrada independiente del resto del edificio dentro del que se ubican. Se estima que este doble requisito eliminará el 95% de la oferta de este tipo de apartamentos, lo que dejaría en la ilegalidad a 10.000 inmuebles que actualmente se están arrendando para tales fines. ¿Cuál es el motivo que aducen desde Ahora Madrid para justificar este ataque frontal contra el derecho de propiedad de los madrileños? En esencia, que la proliferación de apartamentos turísticos ha sido un factor decisivo en el alza de los precios de los alquileres en la capital. Por consiguiente, se supone que, impidiendo que estas viviendas se coloquen al servicio de los turistas que desean visitar la ciudad, los alquileres comenzarán a abaratarse. La realidad, empero, es que no existe una sólida evidencia de que los apartamentos turísticos tengan una destacada responsabilidad en el encarecimiento de las rentas del alquiler. Por ejemplo, el único estudio de calidad que se ha efectuado en España sobre la influencia de Airbnb en el alza de los alquileres «Do short-term rent platforms affect rents? Evidence from Airbnb in Barcelona, de Mariona Segú» indica que entre 2009 y 2016 el coste del arrendamiento de inmuebles en la Ciudad Condal aumentó un 28% y de ese porcentaje sólo un 4% era atribuible a Airbnb. En otras palabras, aunque la demanda turística de inmuebles sí ejerce, como toda demanda, una cierta influencia sobre los precios, esta es bastante secundaria, de modo que cercenarla de raíz no parece tener demasiada justificación en el mundo real. Al final, los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Madrid a ejecutar semejante ataque contra la propiedad privada son otros. El primero, buscar un chivo expiatorio para la fallida política de vivienda desarrollada por Manuela Carmena desde el año 2015. No olvidemos que los «ayuntamientos del cambio» llegaron al poder prometiendo vivienda asequible para todos y, en realidad, bajo su mandato hemos asistido a un notable encarecimiento de sus precios como consecuencia de su radical restricción de la oferta urbanística. Ahora Madrid necesita buscar un «enemigo exterior» para ocultar ante sus electores que quienes han saboteado su acceso a la vivienda han sido ellos mismos. El segundo es que, consciente o inconscientemente, el consistorio de izquierdas se está plegando a los intereses del lobby hotelero, el cual lleva años reclamando la expulsión de los apartamentos turísticos para, justamente, eliminar cualquier opción habitacional que compita contra el negocio de los hoteles. En suma, impidiendo que los madrileños alquilen sus viviendas a turistas no vamos a conseguir que la vivienda se abarate y sólo obstaculizarán y encarecerán la afluencia turística a Madrid. Más pobreza para todos, salvo para el lobby de los hoteles.