Despropósito total

Los viernes sociales de Pedro Sánchez son, en realidad, una sucesión de viernes electorales con los que el presidente del Gobierno pretende financiar su campaña con cargo a los impuestos y a las libertades de los españoles. Sánchez no duda en aprovechar el tiempo de descuento de una legislatura que no sabe si va a poder renovar tras el 28-A para desplegar, por decreto-ley y abusando de la Diputación Permanente del Congreso, una legislación fuertemente ideologizada y clientelizadora. Se trata de una obscena instrumentación del BOE para comprar anticipadamente votos y, de ese modo, maximizar sus opciones de mantenerse en el poder. Hallándonos a las puertas de una campaña electoral, lo razonable sería que Sánchez sometiera al escrutinio popular muchas de las propuestas que hoy está desplegando alocadamente, pero la desesperación por colgarse «medallas sociales» que pueda rentabilizar ante los votantes le han llevado a aprobarlas, aun cuando constituyan un despropósito en el fondo y una chapuza en las formas. Tomemos al respecto dos ilustrativos ejemplos. Por un lado, el famoso decreto-ley con el que se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos. Como ya hemos tenido ocasión de comentar en otras ocasiones, la nueva normativa elaborada por Fomento tan sólo contribuye a incrementar la rigidez del mercado del alquiler y, en consecuencia, a reducir la oferta de viviendas arrendables, lo que en última instancia redundará en mayores precios para los inquilinos. Y, justamente para monitorizar la evolución de esos precios (y supuestamente, según desea Podemos, para que las autonomías sean capaces de establecer regulaciones que restrinjan su escalada), el Gobierno se ha comprometido a publicar dentro de ocho meses un índice de referencia de los precios de los alquileres. La inexistencia de una estadística oficial sobre la evolución de los alquileres debería hacernos sospechar que no es algo demasiado sencillo de elaborar. No sólo hay que asegurarse una buena muestra de datos entre las distintas ciudades –e incluso barrios– de España, sino que idealmente habría que distinguir entre la evolución de los precios en función de la heterogéneas calidades de los diferentes inmuebles (reformado vs. no reformado). Así las cosas, los registradores de la propiedad –de cuya información se nutriría en gran medida este índice– ya han puesto en duda que un indicador tan complicado de confeccionar pueda estar disponible en ocho meses. Si el fondo de tratar de controlar estatalmente los alquileres ya resultaba criticable, las formas chapuceras de hacerlo (prometer articular un índice en dos cuatrimestres cuando no es posible desarrollarlo en ese plazo) sólo denotan las prisas pre-electorales del PSOE. Por otro lado, este mismo reprobable comportamiento es el que ha exhibido el Gobierno con su aprobación del subsidio de paro para los mayores de 52 años. Nuevamente, el fondo de la política es en sí misma criticable (en lugar de subvencionar el desempleo entre los mayores de 50 años convendría impulsar su empleabilidad) pero las formas también denotan una llamativa improvisación. Y es que la redacción de las condiciones para acceder a la ayuda resulta tan poco clara que los servicios de empleo han tenido que paralizar el reconocimiento de nuevo subsidios hasta que se resuelvan los muchos agujeros existentes. Estamos, pues, ante dos flagrantes ejemplos de cómo la mala política económica se fusiona con la peor técnica jurídica para dar alas a las más bajas ambiciones políticas de nuestros gobernantes.