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Fue la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la que acuñó aquella frase que tan deplorablemente resume la actitud de nuestros gobernantes ante la administración de los recursos coercitivamente extraídos de los contribuyentes: «El dinero público no es de nadie». Toda una declaración de perversas intenciones para dejar bien claro que su Gobierno (entonces el de Zapatero) dispondría de los ingresos del Estado como caprichosamente considerara. El tiempo ha pasado desde entonces, pero las malas artes de nuestros políticos no parecen haberse modificado en lo más mínimo. Este viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cuantificado el coste de los denominados «viernes sociales» protagonizados por el Gobierno de Pedro Sánchez: 1.435 millones de euros. En particular, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de 180.000 cuidadoras de familiares constituye un sobregasto para el presente ejercicio de 315 millones de euros; el restablecimiento del subsidio para los parados de más de 52 años representa un coste de 242 millones de euros; la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas eleva el presupuesto en 225 millones de euros; el ingreso mínimo vital, 138 millones de euros; y el aumento del gasto en dependencia constituirá otros 515 millones de euros. Añadan a estas cifras, además, la interesada convocatoria de elecciones el 28 de abril, adelantándolas con respecto a la fecha que habría minimizado el coste de la convocatoria –el 26 de mayo, coincidiendo con las autonómicas, municipales y europeas– y llegarán a la conclusión de que Pedro Sánchez ya se ha fundido 1.500 millones de euros en todos aquellos fastos relacionados con su tacticismo electoralista. Todo lo cual, por cierto, no sólo supone sustraer riqueza de los ciudadanos para hacer con ella un uso personalista, sino que también nos aleja un poco más del cumplimiento de nuestros objetivos de déficit con Bruselas. Según estima la AIReF, la incapacidad del Ejecutivo para aprobar unos nuevos presupuestos verdaderamente austeros abocará a nuestra economía a un déficit del 2% del PIB y, además, el electoralismo de los «viernes sociales» acrecentará esa cifra hasta el 2,1% del PIB (frente al objetivo comprometido con Bruselas del 1,3%). Es decir, en lugar de tomar medidas para corregir la desviación, el PSOE las toma para agrandarlas. Todo vale para permanecer en La Moncloa durante los próximos cuatro años. Ése, y no otro, es el objetivo de fondo de los «viernes sociales»: maximizar las probabilidades de reelección de Sánchez manipulando nuestras instituciones (inapropiada utilización del decreto-ley y abuso de la diputación permanente del Congreso) y parasitando el bolsillo de los ciudadanos (1.500 millones de euros sólo en 2019). El Estado como un cortijo al servicio de las ambiciones personales.