La ausente política de vivienda

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier sociedad occidental es el alza del precio de los inmuebles, tanto en régimen de compraventa como de alquiler. La vivienda es el principal activo patrimonial de los hogares y, a su vez, constituye uno de sus mayores gastos dentro de sus presupuestos familiares. De acuerdo con el último informe de la OCDE, en el que analiza la evolución de las clases medias occidentales desde los 80 a la actualidad, los gastos vinculados con la vivienda han pasado de representar el 25% de los ingresos familiares en los años 80 a suponer el 33% en la actualidad. No es de extrañar habida cuenta de que, según este mismo informe, un piso de 60 metros cuadrados en las grandes ciudades de la OCDE ha pasado de representar, en la década de los 80, 6,8 años de los ingresos de una familia a suponer más de 10 años a día de hoy. Semejante freno en el acceso a la vivienda está, pues, dificultando la consolidación de una nueva clase media entre los llamados «millennials» y, en consecuencia, debería ser uno de los principales asuntos a tratar por parte de nuestros partidos políticos de cara a las venideras elecciones generales. Por desgracia, las políticas de vivienda han pasado a un absoluto segundo plano durante esta campaña: los programas electorales basculan entre el conformismo con el statu quo (éste sería el modelo esencialmente de PP y Ciudadanos) o empeorar enormemente la situación presente (éste sería el caso de PSOE y Podemos). Los dos partidos mayoritarios en la derecha apenas prometen una mayor protección jurídica a los propietarios y ventajas fiscales para aquellos dueños de inmuebles que los saquen en alquiler. Sólo el PP llega a plantear una cierta flexibilización del marco urbanístico para acelerar las nuevas promociones inmobiliarias... pero de manera timorata e insuficiente. Los partidos mayoritarios en la izquierda, por su parte, abogan por hacer mucho para que el mercado de compraventa y de alquileres se vuelva más rígido: específicamente, Podemos pretende establecer controles de precios en el mercado del alquiler, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y acabar con las socimis. En otras palabras, la izquierda busca un mayor grado de injerencia del Estado en el sector privado para laminar la rentabilidad vinculada a construir nuevas viviendas. Ninguno de estos grandes partidos da con la verdadera clave del problema: si el precio de la vivienda está aumentando es porque la demanda crece mucho más que la oferta, de modo que lo que deberíamos facilitar es un incremento de la disponibilidad de viviendas allí donde escaseen. ¿Cómo? Liberalizando el suelo y disminuyendo las regulaciones urbanísticas. Mientras el Estado continúe estrangulando la oferta inmobiliaria, los precios seguirán aumentando al son de la expansión de las rentas salariales: lo cual, dicho sea de paso y para mayor sonrojo de la izquierda, sólo beneficia a los propietarios de inmuebles (cuyos patrimonios aumentan) a costa de quienes aspiran a devenir propietarios. La izquierda, a favor de los rentistas y en contra de las clases desposeídas. Ése es el despropósito en el que ha caído la política nacional de vivienda.