No, las socimis no son las culpables

La principal promesa con la que llegaron al poder los llamados «ayuntamientos del cambio» fue solucionar el problema de la vivienda, esto es, volverla más asequible para el conjunto de los ciudadanos y, muy en especial, para los más desfavorecidos. No en vano, una de los pilares que había impulsado el nacimiento y crecimiento de Podemos apenas un año antes había sido la lucha contra los desahucios en un contexto socioeconómico en el que acababa de producirse el rescate a las cajas de ahorros. Una legislatura después de que Podemos llegara a la alcaldía de urbes tan importantes como Madrid, Barcelona o Zaragoza, el fracaso de sus promesas habitacionales ha sido evidente. Desde 2014, los precios de compraventa y del alquiler no han dejado de aumentar en las grandes ciudades, asfixiando la renta disponible de muchas familias (cuando no imposibilitando la emancipación de los jóvenes). Presentarse con semejante hoja de méritos a unos comicios locales habría resultado del todo indigno y contraproducente para sus aspiraciones de poder, de modo que durante los últimos meses han comenzado a buscar chivos expiatorios a los que culpar de su fracaso. Primero fueron los alquileres turísticos, a los cuales ya se les ha puesto injustificadamente coto en casi toda España sin que los alquileres hayan procedido a abaratarse. Y ahora parece que les ha tocado el turno a las socimis, esto es, a los fondos de inversión inmobiliarios. Sin ir demasiado lejos, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, denunciaba hace unos días al «fondo buitre» Blackstone por comprar vivienda en la región con el objetivo de disparar los precios y de forrarse a costa de los inquilinos. Sucede que este argumentario es un completo sinsentido. Primero, Blackstone posee, a través de sus socimis, unas 25.000 viviendas residenciales en el conjunto de España. Dado que el stock de vivienda en nuestro país asciende a 25,2 millones de unidades, resulta que el omnipotente fondo buitre apenas posee el 0,09% de todas las viviendas existentes dentro de nuestras fronteras. De hecho, aun cuando limitáramos la comparativa a la vivienda que se encuentran actualmente en situación de arrendamiento, Blackstone apenas controlaría el 1% del mercado. Es evidente que con tan nimios porcentajes le sería imposible manipular los alquileres aun cuando quisiera. Pero, en segundo lugar, recordemos que para que una empresa pueda elevar los precios de venta de sus productos ha de reducir previamente su oferta: y la ley (concretamente el artículo 3 de la ley 16/2012) obliga a las socimis a poner en alquiler al menos el 80% de su cartera de inmuebles. Por tanto, estos fondos no sólo no cuentan con unidades suficientes como para distorsionar el mercado sino que, aun cuando las poseyeran, no podrían legalmente hacerlo. Las mentiras de Podemos contra las socimis son tan obscenas que difícilmente pueden ocultar el auténtico objetivo de este torrente de propaganda: desviar la atención de las políticas urbanísticas de los ayuntamientos del cambio, pues han sido ellas las que, al congelar las nuevas promociones inmobiliarias, han provocado el actual encarecimiento que estamos padeciendo.