La lenta convergencia autonómica

El sistema de financiación autonómico de España tiene como finalidad reducir las diferencias de renta per capita entre regiones: los residentes en algunos territorios cuentan, en términos promedios, con unos ingresos mayores, y por tanto con un superior estándar de vida, que los de otros territorios. Apenas echando un ojo a la renta por habitante de la autonomía más rica y de la más pobre de España podremos comprobar que existen unas muy abultadas diferencias. Madrid cuenta con una renta per capita de 34.916 euros, mientras que Extremadura sólo de 18.174 (es decir, los madrileños son un 92% más ricos que los extremeños). Por consiguiente, podría parecer lógico que se establezca una cierta «solidaridad interterritorial» entre regiones para conseguir impulsar el crecimiento de las más desfavorecidas y fomentar su convergencia con las más ricas. Bastaría para ello destinar un mayor volumen de inversión pública hacia las zonas más pobres, de modo que desarrollen infraestructuras estratégicas que les permitan impulsar el desarrollo. Así, de hecho, se han organizado las transferencias fiscales entre autonomías dentro de nuestro país durante las últimas décadas, de modo que las regiones ricas, como la Comunidad de Madrid, Cataluña o Baleares, trasladan parte de su riqueza al resto de España. Por ejemplo, cada madrileño paga anualmente impuestos por importe de 2.540 euros en concepto de servicios públicos que no recibe y que, en consecuencia, van a engrosar los presupuestos de las burocracias de otras regiones: es el caso, por ejemplo, de Extremadura, que percibe cada año una media de 1.948 euros por habitante procedentes en última instancia de los contribuyentes de Madrid, Cataluña y Baleares. La magnitud de la redistribución es de tal tamaño que uno esperaría que resultara verdaderamente eficaz a la hora de corregir las diferencias entre regiones, pero no parece estar siendo el caso. Y es que, según un reciente estudio publicado por Fedea, si continuamos con el ritmo actual de convergencia entre territorios, las diferencias de renta per capita se habrán reducido a la mitad dentro de cincuenta años. Es decir, que Madrid, Cataluña y Baleares tendrán que estar transfiriendo al resto del país unas cantidades ingentes de recursos durante medio siglo para que la desigualdad entre territorios apenas disminuya a la mitad de sus cifras actuales. Quizá, y a tenor de la extrema lentitud del proceso, convendría buscar otro enfoque que pueda acelerar la convergencia sin expoliar gravemente a las autonomías más prósperas del país. Verbigracia, facilitar una genuina competencia fiscal y regulatoria entre regiones para que aquellas con menor tejido industrial puedan atraer inversiones del resto del país o del resto del planeta y, de ese modo, desarrollarse económicamente. ¿Se imaginan que Segovia o Cáceres contaran con autonomía para un Impuesto sobre Sociedades del 5%? ¿O que pudieran liberalizar plenamente su oferta de suelo, abaratando consecuentemente los precios? En tal caso, la capacidad de Madrid para atraer inversiones a costa de esas regiones se vería seriamente mermada. Lo que necesitamos no es más redistribución interterritorial, sino más competencia interterritorial.