Jueces en Cataluña

La situación de los jueces en Cataluña se ha venido complicando en los últimos años como fruto del ascenso del radicalismo nacionalista. Me recuerda a lo que ocurrió en el País Vasco al hilo del comienzo de este siglo cuando, después del Pacto de Lizarra entre el PNV y ETA, Ibarretxe se lanzó a la conquista de la independencia. Fue entonces cuando se produjo lo que el magistrado Juan Luís Ibarra denominó «fatiga institucional», un sentimiento de aflicción derivado tanto de la descalificación de los jueces por parte de los partidos gobernantes en la región, como del riesgo percibido por las amenazas hacia ellos.

Ibarra señalaba que de estas circunstancias se derivaba una severa «dificultad para un ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional». Por esas fechas, con ocasión de la celebración en Bilbao de una reunión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un grupo de magistrados presentó un documento que concluía con un rechazo radical a la posibilidad de que se consolidara «una judicatura que deba impartir justicia desde el oscuro fondo de una burka». Aquella situación vasca tuvo un reflejo sobre la plantilla de jueces, de manera que aumentó mucho su rotación –pues aproximadamente un quinto entraban o salían del País Vasco cada año– y su interinidad –pues, en promedio, un 46 por ciento eran sustitutos o suplentes.

Cuando se observa ahora la planta judicial catalana, se aprecia el mismo fenómeno. Como ha informado La Razón, Cataluña concentra una parte importante de las plazas que quedan vacantes porque ningún juez las solicita. Y si nos remitimos a las memorias del TSJ de Cataluña, podemos comprobar que, en el último trienio, la rotación de los jueces se ha situado en el 17,4 por ciento y la interinidad en el 17,7 por ciento. Son valores elevados que apuntan hacia la misma fatiga institucional que denunció el magistrado Ibarra y que, en este caso, se deriva del acoso al que se han visto sometidos unos cuantos jueces catalanes, del desprecio –manifiesto en forma de excrementos– a las sedes judiciales y, por supuesto, de la deslegitimación de la justicia española por los representantes políticos nacionalistas.

Está claro por qué los jueces rechazan crecientemente los destinos catalanes. El CGPJ cree que la manera de solucionar este problema es ofrecer mejores sueldos, como hace con otros empleos poco solicitados. Me parece insuficiente, porque el verdadero problema no es el aislamiento o la lejanía –como ocurre con las plazas de los archipiélagos o de Ceuta y Melilla– sino el descrédito de la justicia alimentado por el nacionalismo. Pienso que es más importante combatir ese desdoro que pagar más a quienes diariamente lo sufren.