España no sólo se ha desacelerado, sino que se sigue desacelerando. Este martes, el Banco de España revisó a la baja su previsión de crecimiento para el conjunto del año. A su juicio, ya no nos expandiremos a un ritmo del 2,2%, sino apenas del 2%. El vaticinio resulta bastante coherente con la dinámica que ha experimentado nuestra economía durante los dos primeros trimestres de este ejercicio, en los que apenas hemos avanzado un 0,5% por periodo. Extendiendo ese mismo ritmo al resto del año, llegamos fácilmente al resultado de que el crecimiento conjunto se ubicará en el 2%. La realidad, sin embargo, podría ser todavía peor. Los últimos datos de PMI manufacturero de la zona euro apuntan a que la economía del Viejo Continente sigue ahondando en su propio agujero. Toda la industria continental se halla en recesión, pero en el caso concreto de Alemania se trata del mayor desplome en los últimos diez años. En particular, el PMI manufacturero alemán se ha ubicado en 41,4 (datos por debajo de 50 indican contracción de la actividad), cuando en el peor momento de la crisis de 2012 no bajó de 44. El propio Mario Draghi, en su última rueda de prensa antes de abandonar el cargo, alertó de que la nueva crisis no había tocado fondo y de que, para más inri, no se atisbaba un rebote temprano. La conclusión inevitable, pues, es que la travesía por el desierto de la economía española está lejos de haber concluido y que nuestro crecimiento se frenará en mayor medida de lo que ya lo ha hecho. Tal evolución resulta especialmente preocupante si, además, tenemos en cuenta que nuestro aparato productivo (como consecuencia de una pésima legislación laboral) es incapaz de crear nuevo empleo cuando el ritmo de expansión de nuestro PIB se ubica por debajo del 1,5%. Esto es, ya estamos cerca de la frontera a partir de la que dejaremos de crear empleo y, conforme la ralentización prosiga su curso, será complicado no desbordarla. Siendo ésta la situación, la convocatoria de nuevas elecciones debería ser vista tanto como una oportunidad cuanto como una amenaza. Oportunidad si las urnas arrojan una mayoría reformista que apueste por flexibilizar la economía y por descargarla de sus múltiples losas tributarias. En tal caso, acaso pudiéramos capear el temporal con mayor holgura de la que ahora mismo cabe anticipar. Amenaza, en cambio, si las urnas nos abocan a una coalición de extrema izquierda obsesionada con machacar impositivamente a los ciudadanos y con hiperregular todos los mercados de factores productivos (como el laboral, el eléctrico o el inmobiliario). Un país como España, con una tasa de paro todavía por las nubes y con un stock de deuda pública cercano al 100% del PIB, no debería hacer experimentos con políticas radicales y pauperizadoras. Mucho menos, en medio de una crisis económica como la que se está gestando. Pero, por desgracia, es muy probable que terminemos avanzando en esa dirección suicida.