Recuperar la concordia

Los graves hechos que se están produciendo en Cataluña tras la publicación de la sentencia dictada en el denominado procés, nos colocan ante una tozuda realidad. Nos encontramos ante un gobierno autonómico, donde por un lado se ejercen sus competencias en materia de seguridad a través de la policía autonómica reprimiendo los execrables actos vandálicos que se están produciendo y, por otro lado, su presidente encabeza una marcha ciudadana paralizando al tráfico en una carretera limitando los derechos de los ciudadanos y obstaculizando su vida cotidiana. A su vez, nos enfrentamos a una minoría violenta perfectamente orquestada, que está perpetrando acciones criminales de forma permanente; en medio de todo ello, el presidente de la Generalidad pide al independentismo que insista en la desobediencia civil, a la vez que exige contención a la policía autonómica y, como colofón, garantiza la continuidad del proceso separatista, advirtiendo de la celebración de un muevo referéndum. Es una obligación, tanto del gobierno autonómico como del central, restablecer cuanto antes las condiciones que permite el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos, el libre disfrute y ejercicio de todos los derechos y, en definitiva, el orden público. Unas declaraciones tan gruesas como las del presidente Torra exigen no solo su estudio y consideración, sino una reacción aplicando todo los instrumentos que nuestro ordenamiento, con prudencia y proporcionalidad, pero con firmeza y decisión; especialmente abandonado cualquier tactismo electoral al que nos tiene tan acostumbrados el Gobierno del PSOE, algo que en estos momentos sería imperdonable. El Gobierno de España tiene la responsabilidad y la obligación de responder con firmeza a quienes atacan el orden, alteran la convivencia y contravienen las leyes. Las personas que viven en Cataluña y todos cuantos allí se encuentran merecen recuperar la normalidad y que se le garanticen sus derechos a la libre circulación, al trabajo y también a la expresión plural de opiniones. El Gobierno debe rescatar al conjunto de la sociedad catalana de esa minoría que pretende secuestrarla. Para ello es imprescindible imponer la autoridad del Estado y retomar el uso de la vía pública y de las redes de transportes para los ciudadanos, sin distinción de ideologías, y recuperando la libertad de una sociedad en este momento cautiva. No caben dudas, tenemos los instrumentos legales y deben ser aplicados sin complejo alguno.