Opinión

Es tiempo de defensores

El gobierno de conveniencia de la Comunidad de Madrid se encuentra en plena actividad de presentación de iniciativas que justifiquen su razón de ser, desde rebajas fiscales, hasta la propuesta de renunciar a nombramiento de jueces del TSJM, pasando por la apertura 24 horas de cinco centros de atención a las víctimas de la violencia de género o crear la oficina del Defensor del Denunciante de la Corrupción política en la Administración, que el vicepresidente, Ignacio Aguado, parece apuntarse como idea personal. Esta nueva figura tiene sus riesgos, quizá por un presumible exceso de trabajo, viendo como está el panorama de la pulcritud en las actuaciones políticas, y también, porque convierte a los funcionarios en «colaboradores necesarios» si atisban el mínimo indicio de corrupción de puertas para adentro. Si no lo hicieran, cometerían un acto de desobediencia, que acarrearía sanciones. Se invierten, pues, los términos: el principio de que los políticos deben vigilar para que no haya tentaciones de corrupción en el funcionariado, se cambia ahora por el que sean los funcionarios quienes vigilen a los políticos con tendencia a la corruptela, siempre partiendo de una moraleja popular: no hay político corrupto, sin funcionario corrupto. Ya veremos cómo funciona esta novedosa idea, porque si en algo tiene experiencia la Comunidad de Madrid, es en la creación de Defensores. El primero fue el del Menor, de estimable funcionamiento y dudosa eficacia, y que terminaron cargándosele, aprovechando la situación de la crisis económica, que obligaba a reducir gastos.

Luego se creó la figura del Defensor de Paciente, que todavía funciona, pero del que se tiene pocas noticias. Y llegará el día en que se cree el Defensor de los Defensores, para proteger a éstos de cualquier intento de menosprecio, indiferencia oficial y escasos recursos para su funcionamiento.

En el matrimonio de conveniencia para hacer posible el gobierno regional, parece que Ignacio Aguado aventaja a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la carrera por el protagonismo y las estrategias de futuro a corto plazo. En el espinoso asunto de Avalmadrid, Ciudadanos ha sido cooperador necesario para que la izquierda radical dirija la comisión de investigación creada al efecto. El PP no entiende la postura de su socio de gobierno, sobre todo porque esa comisión parece creada para acorralar a Díaz Ayuso e intentar desalojarla del sillón presidencial. No entienden los populares que, si Aguado dijo que no apoyaría esa comisión, ahora facilite que quede en manos de la oposición. Hay que nombrar con urgencia a un Defensor de la Coherencia, que tendría mucho trabajo que despachar.