Lealtad en diferido

Hace unos días el presidente en funciones, Pedro Sánchez, reclamaba a los partidos de la oposición, especialmente al PP, la misma lealtad que él tuvo con el gobierno de Mariano Rajoy cuando se encontraba en la oposición, y en concreto se refería a su apoyo a la aplicación del art.155 de la CE; a renglón seguido, apartándose de este ejercicio de lealtad reclamado hacia su acción de gobierno, espeta que «la respuesta que hemos visto en forma de movilizaciones sociales y sobre todo de violencia en Barcelona tiene que ver con unos hechos acaecidos cuando gobernaba el PP». El ejercicio pretérito de lealtad al que se refiere el presidente, nada exento de críticas y sobre todo de condicionamientos como por ejemplo fue no actuar sobre TV3, no fue un ejercicio de lealtad con un partido, ni con un gobierno, fue un ejercicio de responsabilidad requerido por las circunstancias que exigían la aplicación del instrumento de coerción constitucional. El apoyo al gobierno de aquel momento fue un apoyo refrendado con el voto favorable del partido socialista en el Senado a la aplicación del art. 155, algo que de no haberse producido hubiera sido difícilmente explicable, se trataba de una lealtad obligada. En la actualidad se requiere esta lealtad tras compartir el PSOE gobiernos locales y diputaciones con partidos independentistas, y se solicita esta lealtad para que no se critique un más que cuestionable dispositivo policial para enfrentarse a los graves disturbios que se produjeron la semana pasada en Barcelona, el cual puso en riesgo la integridad de muchos policías nacionales. La lealtad que se solicita ¿también lo ha de ser con el pacto de Gobierno del PSOE con JxCat en la Diputación de Barcelona o en los 40 ayuntamiento con ERC? Cuando se hace política y se toman decisiones con la calculadora electoral, resulta difícil reclamar este ejercicio de lealtad, puesto que no se puede comparar el apoyo a la aplicación de e la ley, con el apoyo a no aplicar la ley lo suficiente para que no pase factura electoral. La estabilidad constitucional y la estabilidad económica son dos ejes que garantizan nuestra prosperidad y no solo se es responsable de lo que se hace, sino también de lo que no se hace, todo termina por pasar factura tarde o más bien temprano.