Opinión

Con España no se juega

Estamos asistiendo a un espectáculo nada edificante en relación con las conversaciones para formar gobierno por parte del PSOE y ERC. Se nos advierte de que se están pactando una serie de medidas con dos objetos, el primero, facilitar la investidura de Sánchez, y el segundo, propiciar una solución para Cataluña. O sea que gracias a investir a Sánchez como presidente se va a solucionar el problema de Cataluña y juntos estos dos partidos lo van a lograr. Si no fuera por la gravedad de los acontecimientos, sería un buen chiste. Sánchez ha preferido mirar a su izquierda radical y a otra independentista en vez de acudir al centro-derecha donde nos encontramos una gran mayoría de españoles, y esto es una grave irresponsabilidad a la vez que un dislate. La solución para Cataluña la van a encontrar en unas conversaciones con un partido cuyo líder se encuentra cumpliendo una condena tras cometer un delito de sedición con el fin de hacer saltar por los aires el estado español y la unidad nacional. Se nos advierte que en una fase más avanzada se podrían reformar leyes para permitir el desarrollo del Estatuto que el Tribunal Constitucional recortó en 2010, pero en política el lenguaje es muy importante. El alto tribunal no recortó el estatuto, se recorta una hoja o una tela. La sentencia 31/2010 declaró contrarios a la Constitución en todo o en parte 14 artículos, determinó condiciones en la interpretación de otros 23 artículos para salvar su constitucionalidad y sometió 4 disposiciones a determinada interpretación. Se afirmó con claridad que carecían de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña» y se ratificó la cualidad de Cataluña como nacionalidad integrada en la «indisoluble unidad de la Nación española». Esta sentencia fijó unos criterios muy claros sobre el contenido y los límites de un estatuto de autonomía con los que no se puede ni se debe jugar. Hay precios que no se pueden pagar en democracia para mantenerse en el poder y mucho menos pretextando un falso y torticero interés general. España es y será lo que los españoles digan a través de los procedimientos legalmente establecidos y no lo que un claudicante candidato a presidente pacte de forma irresponsable.