Sánchez se rinde a Junqueras

La entrevista publicada por LA RAZÓN al líder de ERC, Oriol Junqueras, puso negro sobre blanco sus exigencias para avalar la investidura y, lo que es más importante, para que Pedro Sánchez se garantice cuatro años más en La Moncloa. La amplia repercusión de las declaraciones, que marcaron ayer el debate político, es comprensible en cuanto que las negociaciones entre socialistas y republicanos han estado dominadas por la opacidad. El preso de Lledoners exigió en nuestras páginas una mesa de diálogo entre gobiernos que abordara el derecho de autodeterminación y la amnistía y advirtió de que era eso o su voto sería negativo. Quien pensara en una reacción firme del presidente ante el despropósito que supone vulnerar no sólo las convenciones democráticas contrarias a la bilateralidad, sino desactivar de facto el ordenamiento vigente de nuestro Estado de Derecho con tesis anticonstitucionales, se equivocó.

En realidad, Sánchez e Iceta, que marcan el paso en este perverso baile de máscaras en pos del poder, aceptaron de entrada las reglas de Oriol Junqueras. E incluso fueron más allá. Pedro Sánchez confirmó desde Bruselas su voluntad, ya avanzada días atrás, de recuperar el discurso de su cita de Pedralbes con Torra. En síntesis, el Gobierno acepta la bilateralidad, la mesa de negociación entre gobiernos en la que se hablará de todo –también de la autodeterminación y la amnistía para los políticos condenados–, la figura del relator, institucionalizar que Cataluña sufre un conflicto político que necesita respuestas políticas y eliminar la Constitución de la ecuación catalana. Pedro Sánchez ya lo hizo en Pedralbes hace un año y ayer lo volvió a hacer cuando recuperó la retórica pactada con Torra: «El diálogo debe ser el método para resolver los conflictos políticos y el marco debe ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos». Poner en circulación el concepto de «seguridad jurídica» supone activar una de las cláusulas más nocivas de Pedralbes, pues fue esa expresión la que definió el marco de la negociación del que la Carta Magna fue literalmente suprimida. El escenario que se configura si nadie lo remedia es de enorme peligrosidad y ciertamente crítico para la democracia constitucional. Los representantes del Estado negocian sin matices la desactivación de ese Estado y con ello ponen en grave riesgo el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos. Transaccionar con elementos estructurales y medulares que afectan a los derechos y los principios fundamentales de nuestra Constitución como la unidad y la soberanía nacionales atentan contra la España de la libertad y la igualdad de la que hemos disfrutado los últimos 40 años y que nos ha permitido gozar del periodo más próspero y benéfico de nuestra historia.

Pedralbes, con la que Pedro Sánchez compadreó con una frivolidad y tendenciosidad insoportables, es un instrumento golpista promovido por los independentistas con el descaro cómplice de La Moncloa. Ni es baladí ni es cosmético ni una anécdota. El líder del PSOE se equivoca una y otra vez porque lo supedita todo a su interés y porque abraza como si tal cosa el principio de que el fin, el suyo, sí justifica los medios. La crisis territorial promovida por los supremacistas, insurrección mediante, no se reconducirá con menos España y menos Ley, sino todo lo contrario. El presidente en funciones ha elegido a los peores compañeros de viaje, responsables del principal ataque contra la libertad de los españoles, que siguen sin dar un paso atrás. Fueron y son una amenaza. Aún puede, como alguno de sus barones le demandaron ayer, girar 180 grados y recomponerse en torno al discurso con el que compareció a las elecciones generales –intervención de TV3, referéndum ilegales como delito, crisis de convivencia que no política– y que ahora ha olvidado. Somos escépticos, aunque Sánchez es todo un contorsionista político. En caso contrario, la oposición está obligada a abandonar su actual zona de confort y actuar con el sentido de Estado preciso.