El Supremo no es la vía a la investidura

Las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, en referencia a la «ayuda» que el Ejecutivo pretende prestar al Tribunal Supremo para que aplique el fallo de la justicia europea en el caso de Oriol Junqueras, no pasarían de ser un exabrupto más de una política de larga trayectoria, hábil a la hora de mezclar la dialéctica con la demagogia, sino fuera porque desde la dirección de ERC se ha puesto como condición para investir al candidato socialista que haya «un gesto de la abogacía del Estado» que permita la excarcelación del líder separatista.

Si podemos comprender la ansiedad que embarga a la actual dirección del PSOE, capaz de pasar por alto la inequívoca y antidemocrática declaración de intenciones de sus presuntos aliados, ante los vaivenes de la negociación con la Esquerra, nos parece de todo punto inaceptable que el Gobierno de la nación se rebaje a avalar el discurso independentista de la judicialización versus la política y, mucho más, que se pretenda hacer del Tribunal Supremo un mero instrumento de la investidura.

Cabría preguntarse quién es la señora Calvo para marcar al Poder Judicial el sentido de sus resoluciones, pero la respuesta, aunque desalentadora, es sencilla: se trata de un destacado miembro del Ejecutivo en funciones que pretende retener la Presidencia a toda costa, incluso, al precio de negar la propia realidad. Ciertamente, hay mucho de postureo entre unos dirigentes de ERC que buscan una salida al laberinto del «procés» sin perder la cara ante su fanatizada militancia y sin ceder espacio electoral a sus más inmediatos rivales, pero el hecho, tozudo, del que fueron espectadores directos todos los ciudadanos, es que, ayer, en Barcelona, el congreso de los republicanos se mantuvo en sus posiciones maximalistas, es decir, la exigencia, por ahora, sin plazo, de un referéndum de autodeterminación y de la amnistía de sus dirigentes condenados, por más que esta figura de gracia este expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico.

Desde el simple sentido común, cualquier acuerdo que presenta tales premisas sería imposible, por supuesto, desde el PSOE, pero, también, desde los mismos representantes de ERC, a quienes no consideramos capaces de creer que esas demandas vayan a ser cumplidas, ni por este Gobierno ni por cualquiera que le suceda, porque la acción política, aunque la señora Calvo finja desconocimiento, siempre tiene un límite en la Ley, y sólo desde una concepción chavista se puede pretender saltárselo. De hecho, el propio candidato a la investidura fue quien declaró tras la intentona golpista en Cataluña que los responsables habían incurrido en un delito clarísimo de rebelión. Que, más tarde, y ya en La Moncloa, Pedro Sánchez cambiara de opinión no empece que la mayoría de los españoles hayan olvidado lo que vivieron en aquellas dramáticas jornadas.

El entonces Gobierno del Partido Popular no buscó la judicialización de la crisis ni, mucho menos, llevar la política a las sentencias, calumnia grave donde las haya, simplemente las actuaciones de los separatistas catalanes supusieron una serie de ilícitos penales, y como tales fueron juzgados. El problema es que esa ansiedad que, como hemos señalado al principio, se trasluce en las actitudes y comportamientos de los actuales dirigentes socialistas, como si Pedro Sánchez estuviera ante la última oportunidad de su carrera política, está siendo perfectamente explotada por el separatismo catalán, hasta el punto de que está inficionando con su falaz relato la recta comprensión de los hechos por parte de una opinión pública que, al final, no sabe a qué atenerse. Con riesgo cierto para la convivencia, porque, entre otras cuestiones, cuando la señora Calvo descarga responsabilidades en el PP, acusa de complicidad necesaria a los jueces de este país. Todo un dislate.