El Estado al servicio de Sánchez

El año 2019 terminó con una bochornosa demostración de instrumentalización desde un Gobierno de una institución del Estado. El PSOE de Pedro Sánchez puso a su servicio la Abogacía del Estado para que tomara una posición favorable a que el líder de ERC, Oriol Junqueras –condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación– gozara de inmunidad y pudiese recoger su acta de eurodiputado. Era el «gesto» que los independentistas le estaban exigiendo a los negociadores socialistas para permitir la investidura de Sánchez. Cumplió con creces, pero ha abierto una crisis sin precedentes en el cuerpo de letrados del Estado, que trabaja al servicio de la legalidad de los procesos administrativos, pero no para los de un partido político. No era, por lo que se ve, una excepción, sino el síntoma de que la exigua mayoría del PSOE –120 diputados– le obliga a ceder ante verdaderos chantajes políticos, en tanto que supone una clara vulneración de la separación de poderes en beneficio, además, de un partido.

Ahora, la presión se ha dirigido hacia la Junta Electoral Central (JEC), que mañana se reúne para decidir que no se conceda el acta de eurodiputado a Junqueras, a petición del PP y Ciudadanos, una vez conocido el escrito del Tribunal de Justicia de la UE. Es decir, ante el escenario de que el líder del partido con el que Sánchez negocia su investidura no consiga su objetivo de acudir al Parlamento Europeo, ha intervenido directamente para que, de nuevo, tenga un «gesto» hacia los independentistas. De no ser así, se podría correr el riesgo de que la abstención de los independentistas no se diese lugar, con lo que fracasaría, por tercera vez, la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Es un riesgo demasiado alto que los negociadores socialistas no están dispuestos a correr. Pero, además, se abre otra variante que hace que la reunión de mañana de la JEC tenga una especial importancia. En esa misma sesión se estudiará el caso del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer las resoluciones precisamente de la JEC de que retirara propaganda separatista de los edificios públicos.

En concreto, el organismo encargado de garantizar la transparencia electoral deberá decidir sobre dicha inhabilitación inmediata sin esperar al recurso del Tribunal Supremo. Pero se podría dar el caso de que mientras Torra es apartado de ejercer cargo público, Junqueras recobrara la libertad para viajar a Bruselas, una situación que, en el contexto de guerra interna entre ERC y los de Puigdemont, sería una valiosa munición a favor de este último. Ante esta tesitura, el Gobierno en funciones no tiene problemas en presionar al JEC, ya que en las previsiones socialistas se contaba con que Sánchez ya habría sido elegido presidente ante del día 3. No ha sido así, siendo la primera sesión de investidura precisamente un día después en la reunión de la JEC, el día 4. Hoy se hará pública la convocatoria oficial de la sesión, el mismo día que ERC debatirá en su Consejo Nacional si hace presidente a Sánchez. La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha sido muy generosa con el grupo socialista al planificar que la reunión de los independentistas se pueda realizar antes de las sesiones de investidura los días 4, 5 y 7. Para entender los pasos que está dando el PSOE en su negociación con ERC hay que partir del hecho de que los socialistas no tienen como objetivo principal solucionar el «conflicto catalán», sino conseguir el apoyo de los independentistas en forma de abstención para investir a Pedro Sánchez. Por lo tanto, todos los pasos que se están dando por parte de los socialistas para satisfacer en lo posible las exigencias de los independentistas tienen un único objetivo. No importa el precio.