El gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó hace unos días un decreto, consensuado con socialistas y comunes sobre medidas urgentes para «mejorar el acceso a la vivienda». En él se contienen dos grandes políticas que, en realidad, tenderán a restringir gravemente la accesibilidad de los ciudadanos a un hogar. En primer lugar, la norma establece la obligación sobre todos los grandes tenedores de vivienda (definidos como aquellos con más de 15 inmuebles en cartera) de ofrecer un alquiler social durante siete años a todas aquellas personas que hayan estado residiendo en esos inmuebles durante los seis meses anteriores (incluyendo a los okupas de ese inmueble) y que además acrediten encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Es decir, que los arrendadores que hayan sufrido una okupación o que hayan optado por alquilar sus viviendas a familias en una situación precaria se verán forzados a extender a sus inquilinos, durante más de un lustro, un contrato de alquiler a precios irrisorios (en las «viviendas sociales» el monto del alquiler ha de ubicarse, según los casos, entre el 10% y el 18% de la renta familiar): se trata a todos los efectos de una expropiación temporal de ese parque de viviendas que, como es lógico, llevará a muchos tenedores a mantenerlas fuera del mercado del alquiler. Por consiguiente, la consecuencia más inmediata de esta primera medida será una fuerte caída de la oferta de inmuebles existentes en régimen de alquiler. Pero, en segundo lugar, la norma también contempla aprobar en menos de un año un Plan Territorial Sectorial de Vivienda donde se obligue a los promotores a destinar a vivienda protegida un mínimo del 50% del techo construido en suelo urbanizable. Es decir, que aquellos empresarios que se lancen a construir nueva vivienda verán expropiada permanentemente la mitad de toda su inversión, lo cual indudablemente aumentará los costes de la otra mitad (para rentabilizar la construcción de una promoción, deberán cargar al 50% de la vivienda libre los costes de la otra mitad de vivienda protegida). La consecuencia de esta segunda provisión, pues, será o vivienda más cara para todos aquellos que no tengan la suerte de acceder a una vivienda protegida o, alternativamente, un menor número de promociones inmobiliarias (restringiéndose así la oferta de nueva vivienda). En suma, el plan inmobiliario de Torra, por el que dice pretender facilitar la accesibilidad a la vivienda, sólo contribuirá a encarecer el precio de la compraventa y el del alquiler, esto es, a volver menos accesible la vivienda para la mayor parte de la población. El drama, con todo, no es que estas medidas se estén desplegando en Cataluña. A la postre, si se aplicaran únicamente a esta región, podríamos contar con un campo de experimentación donde se visibilizarían los muy negativos efectos de la política inmobiliaria que no hemos de seguir en el resto del país. El drama, en cambio, es que la coalición política que está impulsando estas medidas (PSOE, ERC y Podemos) es la misma que gobernará España.