Vaya papelón

El informe de la Abogacía del Estado con relación a la situación de Junqueras no ha pasado precisamente desapercibido, ni por su contenido ni por su contextualización. Respecto a lo primero no comparto su contenido, mas no es esta la ocasión para su análisis. En cuanto a su puesta en escena, resulta cuando menos grotesca en términos democráticos una filtración de su sentido a una cadena de radio, la cual anunciaba que el informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras había recibido el visto bueno de ERC, y como consecuencia de ello darían luz verde a la investidura de Sánchez, algo que a la postre se ha visto aderezado con el pacto sobre una posible consulta en Cataluña sobre lo que decida una mesa bilateral entre gobiernos.

No cabe mayor ignominia jurídica, no importaba tanto el contenido jurídico, sino que el mismo fuera del agrado de una fuerza política independentista cuyo líder se encuentra condenado en firme por haber encabezado un movimiento sedicioso contra la unidad de España. Está claro que no es más que un prolegómeno de lo que van a sufrir las instituciones con el gobierno que nos espera. Sin entrar en un análisis jurídico del escrito en cuestión, afortunadamente quedan jueces en Madrid como diría el Molinero de Potsdam, sí que me llama la atención que en momento alguno se haga referencia al inciso final del párrafo segundo del art. 5 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo donde con una claridad meridiana se sanciona que «la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados», siendo este el principio básico que debe regir la interpretación de la zonas grises o de conflicto entre derechos y no otro.

Resulta muy difícil desligar la razón jurídica esgrimida del fin político perseguido, y no cabiendo duda sobre la diferencia conceptual entre correlación y causalidad, no pudiendo afirmar lo segundo, resulta muy difícil no identificar lo primero. Mucho me temo que el manoseo de las instituciones del Estado con fines partidistas ha comenzado, y ha comenzado de la peor forma. En definitiva, ninguna de las posibles interpretaciones que se haga de la inmunidad parlamentaria puede conducir a convertir esta institución en un privilegio del diputado, y esto sí resulta claro.