Los «nuevos derechos» son el leitmotiv de moda

Se da una extraña paradoja en varios de los miembros del nuevo Ejecutivo, destinados a parecer lo contrario de lo que son. Un ministro comunista, Alberto Garzón, ha sido ungido para la cartera de Consumo, nada menos. Una ministra de Economía, Nadie Calviño, elegida para contentar a Bruselas en un Gobierno concentrado en el incremento del gasto público. O un juez, Juan Carlos Campo, escogido para «desjudicializar» el «procés». La contradicción domina el proyecto de Pedro Sánchez, una situación que seguro que no lo incomoda, acostumbrado como está a decir una cosa y su contraria.

El presidente ha sido astuto al asegurarse el control de los dineros, de manera que los miembros de Unidas Podemos no le hagan imposible la legislatura. Todos los caminos al tesoro están vigilados por socialistas: la vicepresidencia de Economía y los ministerios de Seguridad Social (José Luis Escrivá) y Hacienda (María Jesús Montero). La razón es clara: el Gobierno tiene dos límites insalvables, las normas de la autoridad económica de la Unión Europea y el estallido del desempleo. No hay Ejecutivo que aguante cuatro millones de parados. Pedro Sánchez no quiere echarse encima a los hombres de negro, como estúpidamente hizo el Gobierno griego de Chipras.

La carga de profundidad de los nombramientos no es, me parece, la revolución económica, sino la ideológica. A los indicios que proporcionan los ministros «podemitas» se suman preocupantes elementos de «estilo Zapatero» que prometen una actividad dinámica. Los «nuevos derechos» son el leitmotiv de moda, por eso Pablo Iglesias detenta una vicepresidencia de Derechos Sociales, y su señora, Irene Montero, la de Igualdad, que destilará buena parte de la doctrina de esta época, a saber, «retro feminismo», pluralidad identitaria y sexual e incorporación al sistema educativo de los principios LGTBI de elección de género.

Para cambiar la sociedad, Unidas Podemos tiene teorizados tres sectores fundamentales: la educación, la judicatura y los medios de comunicación. A la ministra Celaa corresponderá, desde el ministerio de Educación, hacer transversales los contenidos dictados por la pareja Iglesias-Montero y dificultar el trabajo de la enseñanza concertada. Por ejemplo, eliminando el principio de «demanda social» como criterio para la construcción de nuevas escuelas o ampliación de aulas. La ministra ya provocó la polémica en la anterior Legislatura cuando afirmó ante la patronal de las escuelas católicas que la elección de enseñanza por parte de los padres no es un derecho recogido en la Constitución. A ella corresponderá también convertir la asignatura de Religión en una «maría» sin peso académico y sin asignatura alternativa de ética. Un modo para que los niños que elijan educación religiosa en la escuela pública vean aumentado su currículo con respecto a los no practicantes, que se irán una hora antes a casa, sin ver por ello perjudicadas sus notas. La medida contraviene los acuerdos con la Iglesia y será, de nuevo, yesca para un litigio que ya es largo.

Los sectores más radicales no han perdido comba estos días para criticar a la Conferencia Episcopal la inmatriculación de inmuebles secularmente eclesiales, como la catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba. Cuestionar estas titularidades parece extraño, pero es una vieja reclamación «podemita». En Valencia, los de Compromís reclaman también la ruptura de los Acuerdos Internacionales Iglesia-Estado (que tienen rango de tratado internacional) de manera que los capellanes desaparezcan de los hospitales. Una despótica manera de dificultarnos a los creyentes algo tan básico como ser consolados o morir en paz.

¿En qué medida será anticlerical este Gobierno? Es difícil anticiparlo, porque existen experiencia satisfactorias de coexistencia en lugares como Madrid, donde el cardenal Osoro y la alcaldesa Carmena compartieron la defensa de los pobres y el respeto a las tradiciones, pero no todos son así de razonables. Es interesante, a estos efectos, que el nuevo ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez, discípulo de Peces-Barba, haya ocupado la secretaría de Laicidad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Al Ministerio de Sanidad (Salvador Illa) le corresponderá la ley de eutanasia. Es una paradoja implementar la medida sin que en España haya antes una ley de cuidados paliativos. Es decir, aunque los ciudadanos no disponemos aún de la garantía de ser asistidos adecuadamente en la agonía –con seguimiento especializado y fármacos analgésicos precisos- se nos va a permitir adelantar nuestra muerte. El debate, en realidad, no es sanitario, sino la simple pretensión de definir al ser humano como alguien totalmente autónomo, sin dependencias sociales ni familiares. Las mismas que llevan a abominar de los padres como tutores educativos de los hijos menores, o como partícipes en la decisión del aborto de chica de 16 años.

En este breve elenco de asuntos ideológicos no podemos soslayar el papel de la vicepresidenta Carmen Calvo, con su nueva atribución de ministra de Memoria Democrática, que nos dará tardes gloriosas de república y franquismo. Me pregunto si no convendría, a estos efectos, crear una «Secretaría de Estado de Exhumaciones».