Cataluña en su diabólico laberinto

Inauguración de la estación Zona Franca de la L10 sur del metro
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (c), inaugura la estación Zona Franca de la L10 sur del metro, junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (i), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), en Barcelona, este sábado. EFE/Quique GarcíaQuique GarciaEFE

Quim Torra ha dado por finiquitada la legislatura en Cataluña, aunque ha dejado en suspenso la fecha de los comicios a la espera de la aprobación de los Presupuestos y el desarrollo de la mesa bilateral de los gobiernos consentida por Pedro Sánchez en su parte de cesiones a Esquerra. Su resolución condicionará la estrategia de Puigdemont y Torra en torno al calendario electoral. Todas las opciones parecen abiertas en otro episodio que prueba que el interés y el bienestar de los catalanes están supeditados a los tacticismos separatistas. Pese a todo, la cita con las urnas llegará porque la casa común de los independentistas es hoy una ruina y su matrimonio de conveniencia un rosario de marrullerías y traiciones que ha generado un clima de inquina irrespirable. Ambos pugnarán por la hegemonía en su caladero de votos que es como hacerlo por el poder en Cataluña, un poder que quieren absoluto en un territorio sin orear democráticamente desde hace años. En estas circunstancias, los partidos se presentan de manera distinta a la de diciembre de 2017, con las secuelas del golpe contra el orden constitucional presentes para lo bueno y lo malo y el giro de 180 grados del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene ahora a ERC como socio preferente. Hoy, desde La Moncloa se ha virado hacia un horizonte en el que la política y el oportunismo aspiran a decolorar el principio de legalidad hasta hacerlo evanescente. A partir de ese instante, todo se hace líquido en un Estado de Derecho y las barreras morales se difuminan para que los socialistas y sus aliados comunistas avalen consultas que fraccionen la soberanía nacional y se altere el Código Penal en beneficio de personas con nombre y apellidos en un ejercicio de fraude de ley incontestable. Habrá que ver cómo este nuevo marco y sus reglas afectan a la voluntad de los catalanes. En cualquier caso, las principales alternativas para el gobierno serían otro acuerdo entre independentistas o un pacto de ERC con PSC y los comunes, la reedición del tripartito, que es la apuesta de Sánchez y Junqueras. Para el constitucionalismo el objetivo, además de mejorar sus posiciones y capitalizar esa mayoría social de catalanes contrarios a la ruptura de España que se acomoda en la abstención, tiene que pasar por inducir en el electorado la necesidad de que el proyecto supremacista que el independentismo y sus posibles colaboradores representan retroceda. La encuesta de NC Report para LA RAZÓN refleja hoy un foto altamente preocupante con una reedición de la mayoría absoluta del bloque separatista que incluso ganaría un escaño hasta los 71 entre ERC, JxC y CUP, si bien los republicanos como fuerza más votada de Cataluña (32) por el retroceso de la lista de Puigdemont (-3) del que se benefician los antisistema (+4). Las previsiones no son halagüeñas para el retorno del tripartito a la Generalitat. Sencillamente, PSC, a pesar de una importante subida (+7), ERC y los Comunes, que también crecen (+2) se quedan en 66, a dos de la mayoría suficiente. El voto constitucionalista evoluciona de manera insatisfactoria marcado por el batacazo de Cs (-22), que pasa de primera a cuarta fuerza política, y que no alivia ni la subida del PP (+8) ni la entrada de Vox (+4). El bloque, socialistas incluidos, se deja tres diputados en un contexto de incremento de la abstención, lo que apremia todavía más a un reagrupamiento de fuerzas en fórmulas como Cataluña Suma. Con esta aritmética, la satisfacción no sobra: Sánchez, frustrado y sin tripartito y más vulnerable en el Principado; Junqueras, encadenado a Puigdemont pese a la victoria; Cs, roto; el constitucionalismo, que no remonta; incluso el separatismo, que, pese a ganar un escaño, pierde más de un punto porcentual de voto y se aleja del ansiado 50%, en concreto, el 46,4%, y sobre todo el interés general. El reparto nos aboca a una continuidad del ciclo político de desafío a la legalidad y de confrontación, pero con el agravante de una coalición en La Moncloa proclive a descoser el Estado y desactivar su enorme capacidad de defensa. Hay razones para estar más que alarmados.