El Gobierno del impuestazo mira al IVA

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos nuevos impuestos, las llamadas «tasa Google» y «tasa Tobin» que, en el primer caso, no sólo tendrá que superar el correspondiente trámite parlamentario, sino la frontal oposición del Gobierno estadounidense, que, como hizo con Francia, amenaza con nuevas imposiciones de aranceles, con consecuencias desastrosas para el sector agropecuario español. Prudentemente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha optado por retrasar el pago del impuesto hasta el próximo mes de diciembre, sin duda, con la esperanza de que un acuerdo global en el seno de la OCDE, que no parece próximo, amortigüe las represalias de la Casa Blanca al repartir la carga de la «ofensa» entre las principales economías del mundo.

Vaya por delante, que a España, como país soberano, le asiste todo el derecho a gravar los beneficios que obtienen en nuestro territorio las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas, que son las que de verdad cuentan, como se hace con el resto de las empresas. Otra cuestión es si el supuesto beneficio de tal medida compensa el riesgo. El presidente francés, Emmanuel Macron, entendió que no y acabó por suspender la aplicación de la tasa a la espera de tiempos mejores. Pero detrás de esta vieja polémica, lo que subyace, al menos en el caso español, es el agotamiento de un modelo fiscal tan caro a la izquierda que busca cubrir el continuo incremento del gasto público a base, permítasenos el vulgarismo, de sablear a aquellos sectores que generan la riqueza, en lugar de ampliar el volumen de cotizantes con medidas que promuevan una mayor actividad económica.

Así, como no es cierto que el aumento de la «inversión» social que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que comprometió en su pacto con Unidas Podemos, pueda sufragarse a base de exprimir a los ricos, que tienden a resistirse, ni los acuerdos de estabilidad financiera firmados con Bruselas permiten tirar con alegría del déficit público, harían falta muchas más «tasas Google», y mucho más nutritivas, para equilibrar los futuros presupuestos, lo que no es el caso. Como nota al margen, señalemos que sólo la Seguridad Social acumula una deuda de 55.000 millones de euros, tras haber crecido un 33,5 por ciento en el último año. Descartada, por la razón obvia de que tenemos un Gobierno de izquierda populista, una política de contención del gasto público, no queda, en principio, otra opción que incidir fiscalmente sobre el IRPF que soportan las clases medias, sobre los impuestos que gravan la actividad empresarial y sobre los derechos de sucesión y herencias, que son, en su conjunto, la parte del león de los ingresos del Estado.

Queda, por supuesto, incrementar el IVA, fórmula impositiva demonizada por la izquierda, pero que ha sido el componente principal del éxito fiscal de los países nórdicos: Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. De acuerdo con los datos del Banco de España, referidos a 2018, sólo con eliminar el tipo reducido del IVA, deducción que se aplica a servicios como la hostelería, Hacienda ingresaría 17.337 millones de euros más. Si, también, se eliminan las actuales exenciones al impuesto, se sumarían otros 17.000 millones a las arcas del Estado. Es ahí donde está el gran yacimiento fiscal – armonizar el impuesto de hidrocarburos «sólo» incrementaría en 2.000 millones la recaudación– y no es de extrañar, como ha adelantado LA RAZÓN, que cada vez más voces socialistas se unan al coro de quienes ven en el IVA la solución a todos los problemas. Pero es una solución, ya lo advertimos, políticamente comprometida, por su impopularidad, más aún en un país donde los salarios apenas están empezando a recuperar los niveles de antes de la crisis. En resumen, poco populista para el Gobierno.