Interés general

Este fin de semana hemos podido comprobar cómo Puigdemont ha hecho una llamada a la vergonzante mesa de diálogo con el independentismo a librar «la lucha definitiva» contra el Estado, mientras que su número dos en este acto, Laura Ponsati, formalizaba una llamada a recuperar la violencia de las protestas que estallaron en Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo. Puigdemont es el jefe de filas de Torra, actualmente presidente de la Generalidad porque así lo permite el presidente Sánchez, y ello sin más, debería suponer la cancelación de la indigna mesa que tanto desasosiego y preocupación genera en una inmensa mayoría de españoles. Algunos creen que es un inteligente instrumento que va a dividir a los independentistas, provocando una separación entre ERC y Pdcat, y lo que no se dan cuenta es que a quien nos está dividiendo es a los españoles. El interés que debería inspirar la actuación de cualquier presidente de gobierno es el interés general, el cual opera como cláusula que justifica no sólo la actividad de las Administraciones Públicas, sino la existencia misma del propio Estado. Ir contra el interés general es ir contra el propio Estado y esto, amén de las consecuencias políticas, puede tener otras de carácter jurídico que nadie, ni los más irresponsables, deberían desdeñar. De momento lo único que se ha producido como consecuencia de esta mesa, amén de una ignominia al Estado español, ha sido un intento de someter las consecuencias del Estado de Derecho a la negociación, anunciando una rebaja penal para los condenados por el procés, garantizándose un tratamiento penitenciario excepcional y exclusivo impropio de la naturaleza del delito cometido así como de la ausencia de arrepentimiento, una purga de altos funcionarios que molestan al independentismo, etc., y de contrario se nos presenta el líder del independentismo animando a proseguir en el enfrentamiento y ruptura con el Estado. No cabe mayor humillación ni más irresponsabilidad, la aprobación de unos presupuestos generales no pueden justificar esto, porque la humillación no solo es de un gobierno, sino de un estado y sobre todo de una gran nación como es España. La expresión «interés general de España» está inserta en una concepción de la unidad anterior, previa y, por tanto, superior a la misma Constitución y al ordenamiento jurídico en su conjunto.