Una reforma de las pensiones que no garantiza su sostenibilidad

Juan Rallo

La Seguridad Social española se halla en crisis. No es ninguna novedad, pues los números rojos se arrastran desde el final de la legislatura de Zapatero. De hecho, fueron esos números rojos –incrementados sustancialmente desde entonces– los que espolearon las dos reformas de las pensiones de 2011 y 2013: la primera conducente a elevar la edad de jubilación –así como a empeorar las condiciones para el cálculo de la pensión–, y la segunda dirigida a desindexar las pensiones del IPC y ligarlas a la esperanza de vida. El propósito de ambas reformas no fue otro que el de reequilibrar el déficit de la Seguridad Social: conseguir que poco a poco, con el paso del tiempo, el agujero financiero fuera desapareciendo y los ingresos sirvieran para cubrir los gastos.

Pero hete aquí que un Sánchez cada vez más radicalizado por Podemos continúa empeñado en cargarse la reforma de las pensiones del año 2013, lo que consecuentemente impedirá el progresivo ajuste de las cuentas de la Seguridad Social. De ahí que al ministro del ramo, José Luis Escrivá, se le haya encargado la misión de formular una reforma alternativa del sistema de pensiones que, prescindiendo de las medidas adoptadas por Rajoy en 2013 –desindexar las pensiones del IPC e introducir el Factor de Equidad Intergeneracional–, permita acabar con el déficit de esta administración.

Pues bien, esta semana Escrivá ha presentado su propuesta de reforma del sistema público de pensiones –muy similar, dicho sea de paso, a algunas de las recomendaciones que efectuó como presidente de la AIReF– que, en esencia, pasa por retrasar la edad efectiva de jubilación y por reemplazar al ahorro privado complementario que hoy pivota sobre los planes de pensiones por los planes de empresa.

En cuanto al primer punto, Escrivá apuesta por penalizar la jubilación anticipada y por incentivar el retraso de la edad de jubilación. Y es que, aun cuando en la actualidad la edad legal para retirarse avanza hacia los 67 años, la edad real está cerca de los 63. Según el ministro, por cada año de incremento de la edad efectiva de jubilación, el agujero a largo plazo del sistema de pensiones se reduce un 25%, de manera que si, a través del palo y la zanahoria, consiguiéramos equiparar la edad efectiva con la legal (67 años), el problema de sostenibilidad a largo plazo de la Seguridad Social se vería remediado. Y tiene razón Escrivá en que, de alargarse la edad efectiva hasta los 67 años, conseguiríamos aliviar el problema de las pensiones, pero no hay garantías de que realmente vaya a lograrse.

En cuanto al segundo punto, el ministro recuerda que la rentabilidad que históricamente han cosechado los planes de pensiones ha sido muy inferior a los planes de empresa, de modo que no existe razón para bonificar fiscalmente a los primeros y no a los segundos. Y siendo cierto que los planes de pensiones son, en términos generales, un producto financiero muy poco atractivo dentro de España, tampoco existe razón para bonificar únicamente los planes de empresa. En general, cualquier vehículo de ahorro a largo plazo que escoja voluntariamente el ciudadano debería contar con tal bonificación.

En definitiva, la reforma que plantea Escrivá en sustitución de la de 2013 no es una reforma mal pensada, pero tampoco es una reforma que por sí sola vaya a asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social a largo plazo. A diferencia de la que pretende eliminarse, no hay garantía de que las cuentas públicas vayan a terminar cuadrando.