Que el Gobierno responda en el Congreso

La lealtad de la oposición en la crisis abierta por la pandemia del coronavius es absoluta. Así lo expresó en sede parlamentaria Pablo Casado el pasado miércoles 18: «Señor Sánchez, no está solo en la batalla contra el coronavirus. Tendrá el apoyo del PP». No se puede decir lo mismo de los grupos que apoyan al Gobierno, desde el que forma parte de la coalición, Unidas Podemos, a los que lo sostienen parlamentariamente, en el especial el bloque independentista catalán, que sigue sumido en su paranoia particular. Ahora es: el virus español nos mata. Añadió el líder del PP en la misma sesión: «Encontrará más lealtad en nosotros que en sus socios de investidura». Eso es así, y se está demostrado en el día a día en la gestión que se está haciendo en las comunidades autónomas y otras administraciones gestionadas por los populares, especialmente en Madrid, en la capital y en la Comunidad, por Martínez Almeida y Díaz Ayuso, respectivamente, por ser el territorio en el que con más fuerza está golpeando el virus. Ahora bien, la lealtad que se está demostrado no debe impedir el control parlamentario.

Una cosa es que las Cortes dispongan de las medidas de prevención sanitaria y aislamiento como cualquier otro centro de trabajo y otra muy distinta es que se solape su función primordial: controlar al Gobierno y legislar. Si en estados de guerra no debe suceder, con menos motivos, ahora. Hoy debe aprobarse la prórroga por quince días más del estado de Alarma, hasta el 11 de abril, que contará con el apoyo de la oposición, PP y Cs, pero no con el de ERC, que se abstendrá alegando que debe haber un «confinamiento total», en la línea de la propuesta de Joaquim Torra de aislar Cataluña del resto de España. Confunden, como siempre, los objetivos operativos y prácticos con la doctrina nacionalista del «nosotros solos». Pero hoy es también la sesión de control en la que Pedro Sánchez y sus ministros responsables deberán responder a más de cuarenta preguntas que ya fueron presentadas, aunque no han merecido la atención del Ejecutivo. Hay razones de sobra para que se pueda debatir con luz y taquígrafo sobre la situación, se exponga el panorama real, las carencias, los problemas de material médico o el desarrollo y perspectiva de la pandemia. España llega a los 3.000 fallecidos (2.634 el martes), casi 600 más que el lunes –un 24% más– y roza los 40.000 contagiados. Datos suficientemente preocupantes como para que se informe con claridad a los grupos parlamentarios. Sánchez está en su derecho dirigirse al país en alocuciones de más de una hora, pero debería saber a estas alturas que la comunicación no es su fuerte y que prolongar sus apariciones sólo produce la confusión en la ciudadanía porque no se transmite nada concreto, sólo un cúmulo de dudas, como cuando el domingo aceptó que no todo está en manos de los políticos.

Es en el Congreso donde se debe dar cuenta de todas las medidas y responder a incógnitas que todavía no se saben. Es necesario saber por qué no se atendió a la alarma sanitaria que parecía evidente, por qué no se tuvo en cuenta el informe del CSIC que advertía de la gravedad de la pandemia, por qué se retiraron de las farmacias mascarillas, o sobre si el organigrama y equipos del Ministerio de Sanidad son los más correctos para afrontar esta crisis. Efectivamente, hay mucho ruido informativo, como es propio de una sociedad hiperestimulada desde las redes sociales, pero es tarea del Gobierno difundir una información clara. No basta con decir que «lo peor está por llegar», sino cómo se va afrontar la situación. El Gobierno cuenta con la lealtad de la oposición, que ahora representaría una amplia mayoría del país, pero es necesario que Sánchez dé cuenta precisa de la situación, de lo que nos queda y de los medios que se van a emplear y evitar apariciones televisivas cuyo resultado es precisamente lo contrario de lo que busca: qué el Gobierno de España está sobrepasado por la situación.