12 millones de parados reales

La economía española se está desangrando. Esta semana hemos conocido el dato del PMI compuesto de marzo (un indicador sintético que se correlaciona con la actividad económica) y el resultado, no por esperado, ha sido menos desolador: durante el último mes, nuestro país ya se contrajo a un ritmo mayor que durante la crisis financiera de 2009. Abril, además, será mucho peor que marzo. No en vano, durante el mes anterior la economía sólo estuvo paralizada durante dos semanas y la magnitud del parón fue menor a la actual. Por consiguiente, la peor parte de la congelación económica todavía está por llegar.

De momento, eso sí, la sangría del mercado laboral ya está siendo muy apreciable. Esta misma semana también conocimos los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Los primeros recogieron un aumento de las personas desocupadas (e inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal) de 302.000 personas: el mayor incremento mensual de toda la historia. Los segundos, a su vez, constataron una caída de las altas en la Seguridad Social de 834.000 personas, asimismo la mayor de toda la serie histórica. De hecho, el dato es todavía más estremecedor: desde mediados de marzo, cuando arrancó el estado de alarma, 900.000 personas fueron dadas de baja de la Seguridad Social. Acaso se piense que guarismos tan gruesos como esos son el resultado de los célebres Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), merced a los cuales la relación laboral entre trabajadores y empresarios sólo queda suspendida hasta la conclusión de la actual situación de excepcionalidad. Pero no, las personas «no ocupadas» a raíz de los ERTEs ni siquiera figuran en las estadísticas anteriores. Como no están buscando activamente empleo, no se los considera parados y, además, siguen estando de alta en la Seguridad Social.

O dicho de otro modo, las 900.000 personas que han perdido su empleo desde mediados de marzo son personas que han visto concluir sus relaciones laborales de manera definitiva. Personas que no regresarán inmediatamente a ningún empleo específico una vez haya terminado el estado de alarma. Y dado que los trabajadores afectados por un ERTE se estiman en un mínimo de 2,5 millones, la conclusión obvia es que, desde que se decretara el estado de alarma, España ha dejado sin ocupación productiva a unos 3,5 millones de personas: un monto similar al stock total de parados que teníamos hasta el momento. Pero, además, lo peor todavía está por llegar, también en materia laboral. 

En un reciente ensayo publicado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, los economistas Florentino Felgueroso, José Ignacio García Pérez y Sergi Jiménez trataron de estimar qué porcentaje de todos los trabajadores de la economía española se verían afectados por el actual cierre completo de la actividad, y su conclusión produce pavor: el estado de alarma suponía que el 18,2% de la fuerza laboral se quedaba «parada», mientras que la suspensión de todos los servicios no esenciales nos conduce a que el 46,9% de los trabajadores van a ver congelada su ocupación (los autores no ajustan, y este matiz es importante, los empleos afectados que puedan mantenerse gracias al teletrabajo). En total, pues, estamos hablando de 9,3 millones de trabajadores que podrían «quedarse forzosamente en casa» como consecuencia de las medidas de confinamiento actual. Las regiones más afectadas serían Baleares (61,5% de todos sus empleados) y Canarias (55,2%) por la fuerte presencia de negocios recreacionales, y las que menos Murcia (39,7%) y Extremadura (32,9%) por la elevada proporción de actividades del sector primario.

En todo caso, que durante el mes de abril nos podamos ir a un número efectivo de parados (computando no sólo quienes carecen de una relación laboral sino aquellos que la tienen suspendida por un ERTE o con un «permiso retribuido reembolsable») de unos 12 millones de personas (lo que supondría una tasa de paro de más del 50%) puede terminar generando un muy persistente cataclismo económico en el medio y largo plazo. Al cabo, la expectativa de que, una vez pase el confinamiento domiciliario reforzado actual, la vida volverá rápidamente a la normalidad, puede ser una expectativa tremendamente engañosa. No sólo porque desde un punto de vista sanitario tardaremos varios meses en terminar de normalizar completamente nuestras vidas (el levantamiento de las restricciones irá siendo muy gradual), sino porque, con la actividad paralizada y con 12 millones de «desempleados», durante las próximas semanas se abrirán profundas heridas económicas que serán muy arduas de cerrar en el futuro.

De hecho, esas profundas heridas ya han comenzado a abrirse. Según los propios datos de la Seguridad Social, el número de empleadores (es decir, el de agentes económicos que mantienen de alta a algún trabajador) se ha reducido a lo largo del mes de marzo en 122.000. Desde 1.489.733 a finales de febrero, hasta 122.000. Se trata de una cifra que cuadruplica el anterior peor dato de toda la serie histórica. De un plumazo, pues, han desaparecido el mismo número de empresas que las que se habían creado al calor de la recuperación, desde 2013. Y éste es el verdadero drama. Si durante la presente crisis económica el tejido empresarial español comienza a descomponerse, entonces el futuro no será el de una recuperación rápida (la famosa recuperación en V que, a estas alturas, como mucho podría ser en U), sino un estancamiento persistente (en forma de L). Puede que ya sea muy tarde para evitar el desastre (el Gobierno debería haber reaccionado a la pandemia mucho antes), pero en todo caso sí deberíamos intentar evitar que se agravara. Medidas como prohibir los despidos, cerrar la puerta a la inversión exterior o controlar los precios deberían retirarse del BOE si no queremos cavar más hondo de lo que ya estamos cavando. Si no, el paro extraordinario de hoy se convertirá en el paro ordinario de mañana.