Necesitamos preservar la reforma laboral

Una de las reivindicaciones más extendidas que pudimos escuchar ayer –1 de mayo, Día Mundial del Trabajo– fue que la actual crisis económica vuelve del todo urgente derogar la reforma laboral de 2012. La reivindicación, desde luego, no resulta demasiado novedosa: es la misma que viene repitiendo incansablemente la izquierda patria desde hace más de un lustro. Truene o nieve, la reforma laboral ha de desaparecer y cualquier pretexto para erradicarla resulta bienvenido. En este caso, la argumentación que se está empleando para justificar semejante derogación exprés es que, en medio de una crisis tan superlativa como esta, la reforma laboral de 2012 sólo contribuiría a consolidar una situación de extrema precariedad entre los ciudadanos. Y es verdad que la presente crisis económica abocará a la mayor parte de los españoles a un empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Es la consecuencia inexorable del empobrecimiento generalizado que estamos padeciendo durante estas semanas (sería del todo iluso pensar que, mientras el PIB se está hundiendo a unas tasas históricas, la mayor parte del país pueda salir indemne de tal coyuntura), pero sería tramposo atribuirle semejante responsabilidad a la reforma laboral. Recordemos que la tasa de empleo temporal y la tasa de paro estructural eran superiores antes de 2012 que después de 2012. Y buena parte de esa transformación de nuestro mercado de trabajo sí es gracias a una reforma que contribuyó a flexibilizar el marco regulatorio de las relaciones laborales y que, al hacerlo, no sólo contribuyó a generar más empleo indefinido que antes, sino sobre todo a evitar la destrucción de los puestos de trabajo existentes ante las adversidades. En este sentido, ahora mismo resulta crucial que una economía tan debilitada como la española pueda transitar durante los próximos años sin asfixias regulatorias que aboquen a su tejido empresarial a una descapitalización aun mayor de la que ya ha experimentado hasta la fecha. Antes que forzar la liquidación de compañías –y, por tanto, puestos de trabajo– que podrían salvarse con mayor libertad económica, todos deberíamos coincidir en la conveniencia de que las plantillas puedan adoptar mecanismos internos de ajuste (por ejemplo, en materia salarial) para así minimizar unos quebrantos nocivos para los propios trabajadores. Recordemos que la falta de flexibilidad interna le costó a la economía española dos millones de empleos entre 2008 y 2011 (sí, ha leído bien: de haberse aprobado la reforma laboral en 2007, nuestro país habría destruido dos millones menos de empleos). No podemos volver a cometer tan gigantesco error y menos en la situación de absoluto sobreendeudamiento público hacia la que nos dirigimos. Cualquier paso en falso puede abocarnos al abismo. Y derogar la reforma laboral sería no ya un paso en falso, sino una maratón entera en falso. No dejemos que la demagogia sindical del 1 de mayo nuble la imprescindible prudencia y el necesario sentido común que deberían asistirnos en las críticas condiciones presentes.