Sánchez espanta la inversión

La ministra de Economía, Nadia Calviño, auguró la semana pasada que la salida de la brutal crisis en la que estamos inmersos adoptaría la forma de «V asimétrica»: es decir, después de una primera etapa de fuerte crecimiento –debida a la reactivación de aquel tejido empresarial que no haya desaparecido durante las últimas semanas–, entraremos en una fase en la que habrá que reestructurar la parte de nuestra economía que sí se ha derrumbado. En particular, nos toparemos con dos tipos de compañías que no van a poder arrancar nada más haya terminado el confinamiento: por un lado, empresas que tienen un buen modelo de negocio pero que se han descapitalizado durante la crisis; por otro, empresas cuyo modelo de negocio ha quedado obsoleto tras los cambios en el patrón de demanda que a buen seguro acaecerán tras esta crisis (por ejemplo, la demanda turística muy probablemente descenderá, lo que llevará por necesidad a un ajuste de capacidad instalada). Para acelerar la recuperación necesitaremos facilitarles la vida a estos dos tipos de compañías. Por un lado, hemos de conseguir que afluya financiación a las empresas que ha sido descapitalizadas (sólo con nuevo capital podrán volver a arrancar); por otro, hemos de facilitar o el reajuste de las empresas existentes (para que puedan adaptarse a los nuevos patrones de demanda) o, alternativamente, hemos de potenciar la creación de nuevas empresas que reemplacen a las inviables a través de un incremento muy considerable de la inversión interna en nuestro país. En ambos casos, pues, no sólo requeriremos de mayor flexibilidad regulatoria para permitir la reestructuración de los planes empresariales, sino que, como ya hemos indicado, necesitaremos de mucha más financiación, es decir, de mucho más ahorro. Sin ahorro no es posible invertir (y sin invertir no es posible poner en marcha buenas empresas ni, tampoco, crear otras nuevas). La cuestión, claro, es cómo conseguir movilizar lo antes posible todo el enorme volumen de ahorro que necesitamos para conseguir reflotar la economía en el menor tiempo posible. Y sólo hay dos vías de extraerlo: o del ahorro de los españoles o del ahorro de los extranjeros. Para lo primero sería muy importante que el Ejecutivo no multiplicara los impuestos (especialmente aquéllos que recaen sobre el ahorro); y para lo segundo, incuestionablemente habría que seducir a la inversión extranjera. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha hecho justo lo contrario: en su Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, el Ejecutivo prohibió la entrada de capital extranjero en diversos sectores de la economía siempre que ese capital foráneo pasara a controlar más del 10% del capital social de una empresa. Con esta medida, todavía vigente hoy, sólo se consigue expulsar al ahorrador extranjero: y expulsando al ahorrador extranjero sólo conseguimos retrasar la recuperación de nuestro tejido empresarial. Esa norma extraordinaria –que jamás debió ser aprobada– ha de ser eliminada ipso facto.