Cazadores de rentas

Muchos ciudadanos siguen siendo rehenes de la idea de que la política busca conjurar algo parecido al «bien común». A saber, que los políticos, como representantes de los intereses de los ciudadanos, deliberan en conjunto para tomar las decisiones que más benefician a la población. Sin embargo, tal visión resulta tremendamente ingenua. El Estado no persigue los intereses del conjunto de la sociedad, sino los de aquellos grupos particulares que consiguen capturar la acción política e instrumentarla en su propio provecho (normalmente proclamando que, en el fondo, están persiguiendo los intereses del conjunto de la sociedad para que ésta permanezca anestesiada). Así las cosas, en la actual coyuntura económica, altamente crítica para todos los españoles, parecería lógico que el Estado concentrara sus esfuerzos en el gasto sanitario, en no asfixiar fiscalmente al tejido productivo viable y en mantener la solvencia del conjunto de las administraciones públicas. Tres objetivos que, démonos cuenta, resultan muy difíciles de reconciliar entre sí (hasta cierto punto podríamos calificarlo de un «trilema»). Por un lado, aumentar el gasto sanitario y mantener impuestos moderados provocaría un incremento del endeudamiento público que minaría la solvencia del Estado; por otro, preservar la solvencia del Estado y aumentar el gasto sanitario empujaría al alza la presión impositiva; y, finalmente, bajar impuestos y mantener la solvencia del Estado requeriría de recortes del gasto. Acaso, de hecho, esta última vía sea la única para armonizar (aunque sea parcialmente) estos tres objetivos: recortar todas las partidas de gasto menos prioritarias en estos momentos para que el Estado pueda aumentar lo suficiente el gasto sanitario sin arrollar impositivamente al sector privado y sin deteriorar su solvencia. Pero, hete aquí que los políticos que controlan el sector público no siguen este sencillo dictado sino que continúan bailándoles el agua a los «lobbies» de turno. En este sentido, el Gobierno acaba de aprobar un paquete de ayudas especiales para el sector artístico: subvenciones para las artes escénicas y la música por valor de 23,7 millones; 13,3 millones para salas de cine; cuatro millones para librerías y un millón para el arte. Además, el Ejecutivo también ha relajado las condiciones para el cobro de subvenciones destinadas al cine, permitiendo recibir hasta el 50% de la ayuda incluso sin haber iniciado el rodaje (y, por tanto, sin garantía alguna de que vaya a estrenarse la película en algún momento). Ciertamente, estamos hablando de unos importes muy pequeños que no supondrán una gran diferencia en el agregado: pero son un muy ilustrativo ejemplo de cómo el Estado es capturado, incluso en momentos de emergencia nacional, por los «lobbies» de turno. Cuando las prioridades deberían ser otras, las sanitarias y económicas, continuamos subsidiando a quienes tienen capacidad de movilizarse para obtener el favor del Gobierno.